FLORENCIA, Colombia.-El asesinato del gobernador de la provincia de Caquetá (sur), Luis Francisco Cuéllar, atribuido por el gobierno a las FARC, conmueve este miércoles a Colombia, en momentos en que se esperaba la liberación de otros rehenes por esa guerrilla marxista.
Cuéllar, plagiado en su residencia de Florencia, la capital de Caquetá, era velado este miércoles en esa ciudad y su cuerpo será trasladado a Bogotá el jueves para su entierro.
Los restos del gobernador fueron llevados a la sede de la Asamblea Legislativa provincial, en Florencia, donde miles de ciudadanos hacían fila para despedirle este miércoles, comprobó un fotógrafo de la AFP.
Una gran pancarta que decía "Luis, estarás siempre en el corazón de los caqueteños y caqueteñas, fue colocada a la entrada de la edificación, donde se acumulaban los ramos de flores.
El gobernador, elegido con el apoyo del Movimiento Social Indígena en octubre de 2007, había sido secuestrado cuatro veces antes de asumir como mandatario regional en Caquetá, una zona de fuerte presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Su secuestro y posterior asesinato es el más grave ocurrido en Colombia desde que el presidente Alvaro Uribe asumió en agosto de 2002, y ha levantado críticas a la política de seguridad de su gobierno.
Además, es un baldazo de agua fría en momentos en que se esperaba la liberación unilateral de dos militares rehenes de las FARC, que había sido anunciada por esa guerrilla desde abril pasado.
Luis Eladio Pérez, ex rehén de las FARC y aspirante al Senado en las elecciones del próximo marzo, aseveró que "hubo un descuido en la protección que se le brindó al gobernador, teniendo en cuenta su cargo, que vivía en una zona como Caquetá y que tenía un cuadro de altísimo riesgo por sus anteriores secuestros".
"También hubo un grado de irresponsabilidad del gobierno al haber anunciado un intento de rescate militar", agregó.
Al conocerse la noticia del secuestro, Uribe ordenó su rescate a las fuerzas militares, así como el de 24 militares y policías que las FARC mantiene cautivos. Uribe confirmó el asesinato el martes y ratificó la política de su gobierno de enfrentar militarmente a las FARC, a la que responsabilizó del hecho.
"Ratifico ante ustedes toda nuestra decisión de derrotar al terrorismo", enfatizó Uribe y afirmó que Cuéllar fue degollado por los guerrilleros para evitar disparos que pudieran señalar su ubicación.
En tanto, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, aseveró que "el secuestro y posterior asesinato del gobernador constituye una grave infracción a las normas protectoras del Derecho Internacional Humanitario, que tiene por propósito sustraer a la población civil de los rigores de la confrontación armada".
"La muerte del gobernador hace parte del plan de acciones violentas que acostumbran realizar las FARC en las épocas previas a los procesos electorales, como el (legislativo) de marzo próximo", señaló en un comunicado.
Para el analista León Valencia, de la Corporación Nuevo Arcoiris, que analiza el conflicto colombiano, el asesinato atribuido a las FARC muestra que éstas "se están reactivando" y pidió otras estrategias para combatirlas.
"Es necesario avivar una política más integral en las zonas donde se está actuando militarmente. Hay que hacer mayores inversiones en el gasto social, porque en algunas regiones hay una situación económica que permite a la guerrilla ganar simpatías y reclutar nuevos miembros", dijo Valencia a la AFP.
Organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales como la ONU -a través de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos-, la Unión Europea y Amnistía Internacional (AI) condenaron el homicidio y llamaron al gobierno de Uribe a llevar a los responsables ante la justicia.
El último plagio de un mandatario regional en Colombia ocurrió en abril de 2002, cuando las FARC tomaron como rehén al gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, muerto durante un fallido rescate en 2003. Este año se había producido el secuestro de dos concejales, uno en el departamento (provincia) de Huila, en el suroeste, y otro en el de Guaviare, sureste, según la organización País Libre, que lleva estadísticas del conflicto colombiano.
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