Santo Domingo. Aunque República Dominicana mantiene desde 2006 una prohibición para la importación de armas de fuego para particulares, en los últimos dos años el Gobierno ha emitido decretos y resoluciones que han creado brechas temporales y excepciones específicas, principalmente a favor de las empresas de seguridad privada, lo que explica la presencia de armas modernas y municiones nuevas, mientras persiste el auge del contrabando.
La prohibición original, establecida mediante el Decreto 309-06, emitido el 24 de julio de 2006, detuvo la importación de armas de fuego, sus municiones y accesorios para uso civil, bajo el argumento de controlar la proliferación de armamento en el país y reducir la violencia. Sin embargo, esta medida, lejos de ser definitiva, ha sido objeto de ajustes puntuales en función de las demandas del sector de seguridad privada y de la necesidad de dotar de equipamiento actualizado a las compañías que colaboran con las autoridades en tareas de vigilancia y protección.
Decreto 30-23: apertura parcial para empresas de seguridad privada
El Decreto 30-23, emitido por el Poder Ejecutivo en febrero de 2023, derogó temporalmente la restricción del 309-06 y permitió, por un período de seis meses, la importación de armas de fuego de uso civil y sus respectivas municiones exclusivamente para empresas de seguridad privada debidamente registradas ante el Ministerio de Interior y Policía (MIP).
Entre los calibres autorizados se incluyeron las pistolas 9 milímetros, .38, .380 y las escopetas calibre 12, consideradas armas de uso civil.
Para aplicar el decreto, el MIP emitió la Resolución Núm. MIP-RR-0001-2023, la cual estableció que solo las empresas de vigilancia y seguridad privada podían beneficiarse de esta apertura, y que las armas adquiridas no serían transferibles, salvo entre empresas del mismo sector y por causas justificadas, como el cese de operaciones o la liquidación de la compañía.
Toda solicitud debía hacerse por escrito, acompañada de una justificación sobre la cantidad requerida, lo que colocó el control en manos del MIP a través de su Dirección de Comercialización de Armas y Municiones.
“El número de armas que se aprobará para la importación será determinado por la necesidad de las empresas de vigilancia y seguridad privada registradas, mientras que las municiones se autorizarán en función de las necesidades operativas del sector”, precisó el artículo 3 de la resolución ministerial.
Decreto 175-25: nueva excepción para importación de municiones
En mayo de 2025, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 175-25, mediante el cual se autorizó de nuevo, de forma temporal, la importación de municiones para armas de uso civil, esta vez ampliando el alcance a los polígonos de tiro y a las empresas de seguridad privada.
El decreto otorgó un plazo de seis meses a las empresas importadoras habilitadas para traer al país proyectiles, cartuchos y otros materiales, bajo estricta supervisión del Ministerio de Interior y Policía.
La Resolución MIP-RR-0002-2025, que reglamenta la aplicación del decreto, definió con claridad los beneficiarios y las condiciones del proceso. Entre las empresas autorizadas figuran Bossyp Global Investment, ERM Solutions, Impacto, Inversiones Emvesa, M&R Tacticals, Peralta & Co, Germán Armas y Central Romana Ltd.
El artículo 4 de dicha resolución establece que la cantidad de municiones a importar será determinada según el tipo y número de armas registradas en nombre de cada empresa beneficiaria. Además, ordena un riguroso sistema de marcaje obligatorio en los cartuchos y empaques, con información como el nombre del fabricante, calibre, año de fabricación, número de lote y las siglas “RD”, para garantizar la trazabilidad del material y evitar su desvío al mercado ilegal.
El documento prohíbe expresamente la conformación de consorcios o asociaciones entre importadores y reafirma que, concluido el plazo de seis meses, volverá a estar prohibida la importación de municiones para el comercio con particulares, manteniéndose vigente la restricción general impuesta desde 2006.
En la práctica, los decretos excepcionales han permitido una leve renovación del parque de armas de las compañías de seguridad privada, pero no han modificado la situación general de los particulares y armerías, que siguen impedidos de importar y vender armamento nuevo.
Importadores piden revisión
Consultado por El Día, Edrisis Eulalio Peralta Ramírez, presidente de la Asociación Dominicana de Importadores y Vendedores de Armas de Fuego (ADIVAF), sostuvo que la prolongación de la prohibición ha generado el aumento del contrabando.
“En las armerías no hay mercancía nueva. Lo que tienen es remanente del mercado, armas usadas que se revenden entre particulares con las debidas transferencias legales”, explicó Peralta.
“La prohibición en sí ha provocado un efecto contrario: ha estimulado el contrabando y la entrada de armas por vías irregulares, como lo evidencia la cantidad de decomisos que realiza Aduanas cada año”, agregó.
El dirigente empresarial reconoció que los decretos 30-23 y 175-25 representaron “un paso positivo”, pero consideró que se requiere una revisión integral del marco regulatorio para garantizar un control más efectivo, sin castigar el comercio formal ni incentivar el mercado negro.
En el país, el proceso para registrar legalmente un arma de fuego está regulado por la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y sus reglamentos complementarios, bajo la supervisión del Ministerio de Interior y Policía (MIP).
Los requisitos son: ser mayor de 30 años, ser dominicano o extranjero residente legal, no tener antecedentes penales, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, aprobar los exámenes médicos, psicológicos y de tiro exigidos por el MIP, pagar los impuestos y tasas correspondientes.
Aduanas decomisa armas y municiones
La magnitud del tráfico ilegal quedó en evidencia recientemente, cuando la Dirección General de Aduanas (DGA) entregó al Ministerio de Defensa (MIDE) un voluminoso cargamento de armas y municiones decomisadas en operativos conjuntos con organismos nacionales e internacionales.
El lote incluyó más de 278,000 municiones de distintos calibres, 29,051 cartuchos para escopetas, 179,586 perdigones para armas de cacería, además de pistolas, rifles, piezas de armas y pertrechos militares. Parte del material estaba vinculado a procesos judiciales en curso.
Durante el acto, se exhibieron unas 150 pistolas modernas, evidencia de que el contrabando sigue intentando burlar los controles fronterizos y marítimos, a pesar de los esfuerzos interinstitucionales.
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Joan Vargas
Joan Kennedy Vargas, periodista dominicano. Cubre la fuente de la Presidencia de la República, Policía, Fuerzas Armadas y DNCD.
