José P. Monegro
El presidente Luis Abinader ha mostrado un gran interés por fortalecer la independencia del Ministerio Público, por lo que ha incluido una serie de consideraciones en su propuesta de reforma constitucional, que ha anunciado que someterá al Congreso Nacional el 16 de agosto. En lo referente al Procurador General de la República, ha planteado su inamovilidad por cuatro años y que su designación recaiga en el Consejo Nacional de la Magistratura, a partir de una propuesta del Presidente de la República, quien sería excluido de dicho organismo.
Antes de manifestar algún parecer sobre lo referente a la propuesta del Procurador General de la República, incluyendo su exclusión del Consejo Nacional de la Magistratura, sería bueno reflexionar sobre las razones de la existencia del modelo que tenemos.
En la actualidad, el Consejo Nacional de la Magistratura está conformado por dos miembros de cada una de las instancias de los Poderes del Estado clásico: dos miembros del Poder Judicial, dos miembros del Senado, dos miembros de la Cámara de Diputados y dos miembros del Poder Ejecutivo (el Presidente de la República y el Procurador General). De excluir al Procurador, entonces el Poder Ejecutivo, el más legítimo representante de la voluntad del votante, quedaría reducido a un solo miembro, mientras que las otras instancias quedarían con dos, eliminando así el equilibrio existente.
Sea el Procurador u otro funcionario, lo cierto es que la arquitectura del Consejo Nacional de la Magistratura está diseñada con una representación igualitaria en cada una de las instancias de los Poderes del Estado.
Sobre la inamovilidad por cuatro años, observamos que se le está concediendo la misma condición que a los miembros del Ministerio Público de Carrera o un trato similar al de los integrantes de altas cortes (aunque con menor tiempo que los de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional).
La ejecución de esa inamovilidad debiera producirse luego de que se le excluyan todas las responsabilidades administrativas y de primacía en la implementación de las políticas de seguridad ciudadana, que son inherentes a las responsabilidades del Poder Ejecutivo. Los temas carcelarios, administración de bienes y uso de la fuerza pública no son propios de un Ministerio Público bajo el esquema que ahora se plantea.
Vale preguntarse entonces, si todos los poderes sirven de contrapeso a los otros poderes, ¿cuál sería el mecanismo del Poder Ejecutivo para ser contrapeso o intervenir legítimamente en el Poder Judicial?
De las cuatro propuestas de reforma a la Constitución planteadas por el presidente Luis Abinader, la referente al Procurador General de la República es la que más hormigueo me causa. Las buenas intenciones del Presidente son más que evidentes, pero en las discusiones hay que considerar todas las aristas.
