A inicios de 2020 fue promulgada la Ley núm. 13-20 para la modificación integral de la Ley núm. 87-01 que rige la Seguridad Social en República Dominicana. A casi seis años de aquella legislación, no se ha movido ni cambiado una letra.
En ese escenario, y a pesar de un creciente gasto en publicidad e imagen, lo que sí ha sucedido es un deterioro impresionante de las instituciones claves en ese modelo de negocios (AFP y ARS) y de las entidades que deberían supervisarlas, algo propio de los regímenes que la autora argentina Ana Gabriela Castellani llama “acumulación privilegiada”.
Ese régimen a favor de las AFP dominicanas se observa en la captación compulsiva de la cotización social de las personas, a cambio de convertirla en deuda pública, favorecer discrecionalmente a proyectos corporativos, y unas reglas del juego para dar las peores pensiones en América Latina.
Así y todo, quien se adjudica la paternidad de la Ley núm. 87-01, Arismendi Díaz Santana, dedica sus columnas contra quienes rebaten el modelo impuesto y proponen sistemas alternativos. A ese ejercicio de ciudadanía democrática le llama él “radicalismo” e “intransigencia”.
Entiéndase: lo que Díaz Santana llama “radical” es un sistema de beneficios definidos, solidario, garantista de derechos y de gestión pública; es decir, que cumpla con el artículo 60 de la Constitución y rige en países tan “radicales” como Estados Unidos y la inmensa mayoría de las 145 naciones con sistemas de pensiones en los que la gente cotiza, de los cuales solo 12 obligan a la capitalización individual, entre los cuales República Dominicana es una auténtica anomalía, pues los demás lo tienen como sistema paralelo, complementario o subsidiario.
Pero ahora Díaz Santana añade que él es, al mismo tiempo, el padre de la ley y también el pionero en escandalizarse con las comisiones que tienen a las AFP montadas en niveles de rentabilidad exorbitantes.
Eso se cae solo: en un comunicado del 27 de febrero de 2019 (mismo día en que el expresidente Danilo Medina hizo el anuncio de su nueva propuesta de comisiones), luego en una carta del 25 de abril a la comisión bicameral que estudiaba el proyecto, y después en una nota de prensa del 1ero de mayo, expusimos el efecto regresivo que tendría un cambio de las comisiones que cobran las AFP para aplicarlas sobre el total del saldo administrado.
Lejos de ser pionera, la carta en que Díaz Santana se cita a sí mismo es de mayo de 2019, posterior en casi tres meses a nuestros primeros señalamientos y análisis públicos.
Además, le hemos puesto números a eso que le escandaliza, pero cuya paternidad se acredita: 114 mil millones de pesos es el costo social que representan las AFP en gastos internos y en ganancias improductivas, con resultados que aseguran pobreza para la mayoría, elevada deuda pública y concentración de la riqueza, a lo que hay que añadir el grave riesgo de una crisis social y política.
En este momento histórico, con la ley frizada y un régimen de acumulación privilegiada en seguridad social que no permite a los poderes públicos cumplir sus funciones, se seguirá diciendo y haciendo de todo para salvar la imagen de un sistema internacionalmente fallido y empantanar el debate de fondo.
Pero vale la pena seguir, con tal de sostener nuestros derechos cívicos y no dejarse silenciar, y defender una política pública de pensiones sensata, racional, eficiente, constitucional, humanamente digna y socialmente responsable.
