Los estados de excepción sirven para que el Estado tome medidas extraordinarias, que no serían posibles de otra manera, siempre por el interés de evitar un mal mayor. Es por esto que se permite la suspensión de algunos derechos fundamentales.

En el caso que nos toca, la libertad de tránsito ha sido restringida mediante un toque de queda que prohíbe la circulación en la vía pública entre las cinco de la tarde y las seis de la mañana.

En mi opinión, quien sea sorprendido por las autoridades violando esta restricción puede ser detenido, como medida de policía, hasta que sea levantada automáticamente al día siguiente.
Pero esta detención es solo posible si se cumplen varios requisitos: que haya sido declarado un estado de excepción, que el derecho a la libertad de tránsito haya sido expresamente limitado y que exista una medida clara, pública y aplicable que esté siendo vulnerada por la persona detenida.

Sin embargo, hay un cuarto requisito que no puede ser quebrantado por las autoridades: el respeto a la integridad física y mental de la persona objeto de la medida.

La propia Constitución establece que las autoridades, entre ellas la Policía Nacional, están en la obligación de respetar los derechos no suspendidos durante el estado de excepción.
En ningún caso la Constitución permite ni avala el uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos que, aun violando el toque de queda, no representan peligro para los demás.
Gracias principalmente a las redes, en las que circulan los vídeos, la sociedad está al tanto de los excesos policiales. Estos abusos deben parar.

La función de la Policía es proteger a las personas, no agredirlas. Un estado de excepción no justifica ni permite la arbitrariedad.

Puede argumentarse que la mayoría de los policías ejercen su labor en forma correcta y respetuosa, pero, lamentablemente, la cantidad de abusos cometidos es lo suficientemente significativa como para considerarlos un problema sistémico, y no casos de manzanas podridas.

Hace décadas que la Policía da señales de la necesidad de una reforma más profunda que la que permiten los cambios a la ley. Ojalá y ahora, por fin, asumamos ese reto.