jce
Santo Domingo.-El catedrático universitario y miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE) José Ángel Aquino consideró hoy que ese organismo debe mantenerse al margen de la discusión sobre los mecanismos a utilizar en el proceso de reforma de la Constitución de la República.
Según Aquino, el debate sobre la necesidad de aplicar un referendo aprobatorio o cualquier otro mecanismo para la reforma de la Carta Magna corresponde al Congreso Nacional, y en caso de disidencia o impugnación, al Tribunal Constitucional.
“La Junta Central Electoral no es ya un órgano jurisdiccional. Entonces, para mantener la confianza, el nivel de independencia, el nivel de equidistancia que le corresponde a todo árbitro, nosotros entendemos que lo adecuado es, sobre esos temas, mantener una prudente distancia”, dijo.
El miembro de la Junta emitió esas declaraciones al participar este martes como invitado del programa «La República Radio», que se transmite de lunes a viernes por la emisora La Nota 95.7 (FM).
El funcionario también recordó que hasta el momento la JCE no cuenta con ningún estudio o posición oficial sobre la viabilidad o el costo financiero de un proceso nacional de referendo.
A la fecha, enfatizó, solo se han dado a conocer valoraciones personales de miembros del pleno. Por ejemplo, el presidente de la Junta, Roberto Rosario, ya había dicho que la consulta popular por referendo costaría al país más unos RD$800 millones.
JCE pudo reconocer a Alianza País antes
José Ángel Aquino entiende que, al postergar hasta finales del presente año el reconocimiento del partido Alianza País, la Junta Central Electoral incumplió con los procedimientos institucionales que ya habían sido aplicados con éxito antes de las elecciones del 2012.
Recordó que al inicio de su gestión el actual pleno de la JCE decidió atender las solicitudes de reconocimiento de partidos en la medida en que fueran presentadas por los interesados. Y, como “ejemplo fehaciente”, Aquino señaló que Alianza País hizo su primera solicitud en junio del 2010 y fue reconocido en marzo de 2011, en un plazo de 10 meses.
