¡Qué tiernos los señores de la ONU que instan a la República Dominicana a suspender la aplicación de nuestras leyes de inmigración! Opiné recientemente que es incorrecto legal y moralmente detener a mujeres haitianas con estatus de inmigrantes ilegales en los hospitales, sean o no parturientas, pues la frontera es el lugar para atajar a quienes quieran entrar aquí irregularmente.
Regañarnos por los poquitos casos de haitianas apresadas en hospitales es, a todas luces, un exceso si se compara ese puñado de desafortunados incidentes con los once millones de haitianos que dentro de su propio inviable Haití padecen inenarrables miserias o se cuentan cuántas haitianas paren en hospitales dominicanos.
Más todavía, cuando somos el país que, en términos absolutos, y también relativos al tamaño de nuestra economía, con más ayuda humanitaria e intercambio comercial favorece a Haití, aparte de tener en el país a más de un millón de ellos. A los indignados de la ONU –y a quienes les dan cuerda— sólo cabe decirles como cualquier haitiano encabritado, en francés en vez de creole: ¡foutre!
