Hace unos días viajé a la ciudad de Toronto, en Canadá, para participar de un festival cultural latinoamericano que rendía homenaje a la República Dominicana. Esta ciudad, que visité por vez primera, provocó reacciones muy favorables en mí que hoy las asocio al deseo permanente que tenemos los munícipes de readecuar nuestras ciudades a un entorno más amigable, más funcional, donde la tecnología nos ayude a mejorar la convivencia entre conciudadanos.
Recorrer Toronto fue una invitación implícita a pensar en el futuro de nuestras propias ciudades. Entre los impresionantes diseños de sus torres, el correcto y silencioso orden de su transporte público, la mezcla de comunidades —en Toronto radica la mayor presencia latinoamericana de todo el inmenso territorio canadiense—, nos convoca a un fluido y bien gestionado espacio público que, armonizando con eficiencia en el uso de nuevas tecnologías, la gobernanza y la vida en comunidad adquieren nuevos propósitos y dimensiones.
Smart City: orígenes, conceptos y funciones
El concepto de “ciudad inteligente” o smart city tiene un origen más antiguo de lo que suele suponerse: su primera aparición documentada se remonta a 1974, cuando la Oficina de Análisis de la Comunidad de Los Ángeles, en California, empleó el término para describir la integración digital y la gestión informativa de la ciudad, aunque como concepto de gestión urbana propiamente dicho comenzó a consolidarse a mediados de los años noventa, ligado al uso de la tecnología para mejorar la efectividad de los servicios públicos y la calidad de vida.
En la primera década del presente siglo el término se popularizó y adquirió su fisonomía actual. Se afianzó en los medios relacionados al big data, la automatización y la inteligencia artificial como respuesta al crecimiento urbano descontrolado.

A través de un rol preponderante y decisivo, la casa IBM impulsó la iniciativa “Smarter Cities” en 2008, estimulando el uso de tecnología y datos para mejorar el rendimiento y sostenibilidad urbana; hacia 2010 el concepto se amplió para abarcar la transformación integral de las ciudades mediante lo digital.
Con todo lo antes expuesto, como concepto las ciudades inteligentes sigue siendo emergente y en constante revisión, sin una definición cerrada ni universalmente aceptada, lo que explica la variedad de matices con que hoy se aplica según el país, la disciplina o el interés —tecnológico, urbanístico o de marketing— que lo enmarque.
El concepto de smart city ha encontrado otras formas de abordaje, como se manifiesta en la propuesta del profesor y estratega urbano, Boyd Cohen, en su conocida “rueda de la ciudad inteligente”. El profesor Cohen lo define como un sistema urbano que integra seis dimensiones interdependientes: economía inteligente, movilidad inteligente, entorno inteligente, habitantes inteligentes, vida inteligente y gobernanza inteligente. Esta arquitectura conceptual resulta útil porque evita la trampa de reducir la inteligencia urbana a la mera acumulación de sensores y pantallas; una ciudad no es inteligente por la cantidad de datos que produce, sino por la capacidad de traducir esos datos en decisiones que mejoren la vida de sus habitantes.
Desde la perspectiva de un país como el nuestro, donde ciudades como Santo Domingo y Santiago, a pesar de los apreciables avances que se han obtenido en los últimos años, enfrentan retos de movilidad, gestión de residuos y gobernanza digital, la experiencia de Toronto me ha dejado algunas lecciones que quisiera compartir en el presente trabajo.
La primera es que la digitalización urbana no puede diseñarse al margen de la ciudadanía; todo proyecto de ciudad inteligente que prescinda de la deliberación pública corre el riesgo de convertirse, como advertía el urbanista estadounidense, Dr. Anthony Townsend, en una utopía tecnocrática impuesta desde altas esferas. La segunda es que la gobernanza inteligente —esa sexta dimensión de la rueda de Cohen— es, en realidad, la más determinante de todas: sin instituciones capaces de auditar el uso de los datos, proteger la privacidad y rendir cuentas, ninguna cantidad de sensores hará inteligente a una ciudad.
Otra de las lecciones, quizás la más pertinente para nuestra propia agenda cultural y de desarrollo, es que la inteligencia urbana también es inteligencia cultural. Una ciudad no se vuelve más habitable únicamente por optimizar el tránsito o reducir el consumo energético, sino por preservar y proyectar la identidad de quienes la habitan. Toronto, con su multiculturalismo institucionalizado y la inversión sostenida en espacios culturales, demuestra que la tecnología y la identidad no son fuerzas opuestas, sino dimensiones que, bien gestionadas, se refuerzan mutuamente.
El debate sobre ciudades inteligentes no es nuevo, foros internacionales lo abordan con suficiente rigor y lucidez. El mundo de la municipalidad ha tenido que reconfigurarse para otorgarle mayor prominencia a estos temas que cada vez aumentan en el interés ciudadano. El concepto e implementación de sistemas tecnológicos o inteligentes alrededor de las ciudades, no debe plantearse en nuestro país como una carrera por la sofisticación tecnológica, sino como una oportunidad para repensar la relación entre gobierno, ciudadanía y territorio. La inteligencia de una ciudad, al final, se mide por su capacidad de escuchar a quienes la habitan.
Con la experiencia citadina de Toronto realicé estos breves apuntes sobre ciudades inteligentes que, indefectiblemente, se vinculan a la necesidad de desarrollar, a través de una actualizada visión de Estado y disciplina institucional sostenible, que mejore en el campo tecnológico e impacte en la cotidianidad ciudadana. Lo que observé en la cosmopolita, diversa y moderna ciudad canadiense fue una precisa armonía entre movilidad integrada, servicios urbanos gestionados resueltamente, y una institucionalidad capaz de sostener la innovación como herramienta indispensable de transformación urbana.
Para República Dominicana, el desafío consiste en consolidar una iniciativa que los gobiernos locales han venido discutiendo como base de un rediseño urbano: normativa actualizada, coordinación entre municipios y gobierno central, y una hoja de ruta que coloque al ciudadano —no al producto tecnológico— en el centro de toda decisión urbana. Solo entonces las ciudades inteligentes dejarán de ser un aspiración retórica de foros internacionales para convertirse, como es propicio, en política de Estado.
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