WASHINGTON.— La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó este viernes un proyecto de ley que tiene por fin sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela responsables de violar derechos humanos durante las protestas que desde febrero han dejado 42 muertes en el país sudamericano.
El proyecto de ley pide al presidente Barack Obama negar visas y congelar activos en Estados Unidos de funcionarios venezolanos responsables de violar derechos humanos o que hayan censurado a personas o medios de comunicación que informan sobre las protestas que comenzaron el 12 de febrero pasado.
La iniciativa de ley aún tiene mucho camino por recorrer. Ahora pasaría al pleno de la cámara baja para una votación, y de resultar aprobada deberá debatirse en la Comisión de Relaciones Exteriores y el pleno del Senado. De ser aprobada en esta instancia, pasaría a firma y sanción de Obama.
La comisión de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley sin celebrar una audiencia previa. Las posibilidades de que su trámite se realice de manera similar en el Senado dependen mayormente del principal republicano en la Comisión de Relaciones Exteriores, Bob Corker, quien aún no ha expresado su apoyo a la iniciativa.
«La situación es muy cambiante y el apoyo a las sanciones está creciendo tras la audiencia del jueves», dijo el presidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter. «Aún no está decidido, pero la audiencia y la detención de 240 estudiantes esta semana le han dado fuerza nueva a esta iniciativa».
Al consultarle su opinión sobre las posibilidades de que el Senado apruebe el proyecto de ley, el director del programa para las Américas del Centro para Estudios Internacionales y Estratégicos, Carl Meacham, dijo que «la gran pregunta es si el líder de la bancada mayoritaria (el demócrata por Nevada Harry Reid) pondría en la agenda las sanciones a Venezuela para un voto en el pleno del Senado».
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro desestimó el viernes que Estados Unidos pueda imponer sanciones a funcionarios de su gobierno. Durante un acto en un teatro capitalino de la Academia Militar del Ejército, declaró: «Saquen sus sanciones. Al pueblo de (el Libertador Simón) Bolívar no lo paran sanciones de ningún imperio. La patria de Bolívar está de pie y va a continuar de pie…que viva la dignidad del pueblo de Venezuela. Abajo el imperialismo».
El gobierno estadounidense ha preferido esperar los resultados de un diálogo iniciado hace un mes por el gobierno venezolano y los opositores sobre los problemas que aquejan a Venezuela y el conflicto político que atraviesa el país.
Durante una audiencia celebrada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo que el gobierno no es partidario de aplicar sanciones porque así se lo ha pedido un sector de la oposición venezolana.
Un vocero de la coalición opositora, que negocia hace un mes con el gobierno de Maduro, negó el jueves que alguno de sus miembros haya pedido a Estados Unidos exonerar a violadores de derechos humanos.
La autora del proyecto de ley de la cámara baja, la republicana Ileana Ros-Lehtinen, argumentó antes de la votación que las sanciones son oportunas para detener las presuntas violaciones a los derechos humanos.
«Algunos dicen que deberíamos esperar. ¿Cuándo es un buen momento? Nunca habrá un buen momento», dijo la representante por la Florida. «La violencia sólo está del lado del gobierno, no de los estudiantes».
Las únicas intervenciones opuestas a la aprobación del proyecto fueron de los demócratas Gregory Meeks, de Nueva York, y Karen Bass, de California. Meeks criticó al proyecto de ley porque «no promueve los intereses estadounidenses ni ayuda al pueblo de Venezuela».
«No sabemos aún si la mediación de Unasur propiciará un diálogo efectivo», dijo el representante neoyorquino, que viajó a Venezuela para representar a Estados Unidos durante las exequias del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.
El presidente de la Comisión, el republicano Edward Royce, dijo a la AP que solicitará a la bancada republicana en el pleno aprobar el proyecto en el menor plazo posible, en una modalidad que permitiría su debate sin que se presenten enmiendas.
La audiencia del viernes contó con una nutrida audiencia de personas que mostraban banderas venezolanas, entre ellas la actriz y cantante cubano-venezolana María Conchita Alonso.
«Cualquier apoyo internacional es favorable para Venezuela. Estas muertes y detenciones tienen que parar cuanto antes», dijo María Elena Vásquez, bibliotecóloga de 60 años, oriunda del estado venezolano de Mérida y que reside en Washington hace 20 años. Es «un triunfo», agregó.
La aprobación de la iniciativa coincide con una caravana de venezolanos que viajan de la Florida a la capital del país y que planean manifestarse frente a la Casa Blanca y a la Organización de los Estados Americanos. Los manifestantes pedirán que se sancione a los funcionarios del gobierno venezolano que violen los derechos humanos.
Human Rights Watch, organización defensora de estos derechos, denunció el lunes que jueces y fiscales han hecho caso omiso reiteradamente a señales evidentes de abuso, e incluso tortura, entre manifestantes detenidos, pese a que las fuerzas del orden venezolanas recurrieron de manera sistemática al uso ilegítimo de la fuerza durante las protestas.
Los violentos incidentes han dejado 42 muertos y 817 heridos, según la Fiscalía General.
Maduro considera que las acciones de protesta forman parte de un plan promovido por grupos de «extrema derecha» para dar un «golpe de Estado», y amenazó con cerrar los consulados y la embajada en Washington ante cualquier sanción estadounidense.
