*Por Efraín Sánchez Soriano

Respaldamos la decisión del Tribunal Constitucional de confirmar el carácter constitucional del art. 31 de la ley 87-01 en su párrafo 1, el cual dispone la afiliación de todos los empleados públicos y de instituciones descentralizadas del Estado y sus familiares al Seguro Nacional de Salud. En franca violación a esta disposición legal, y contando con el silencio cómplice de las autoridades del consejo nacional de la seguridad social (CNSS) encargadas de aplicarla, las ARS privadas lograron la afiliación de miles servidores públicos luego de llevar a cabo desde el mismo momento de la aprobación de la ley 87-01 una intensa campaña de desinformación.

Gracias a esta sentencia las autoridades están obligadas a rectificar el gravísimo  “error cometido”, deben trabajar de inmediato para afiliar al seguro nacional de salud (SENASA) a los trabajadores empleados del Estado y de instituciones descentralizada del gobierno para evitar que seudo-sindicalistas  y el consejo nacional de la empresa privada (CONEP) inicien una campaña sucia contra la misma disposición del tribunal, como han iniciado la confederación nacional de trabajadores Dominicanos (CNTD) y la confederación autónoma sindical clasista CASC, quienes se oponen a tan importante y positiva resolución del tribunal constitucional sin embargo se alían al consejo nacional de la empresa privada (CONEP) y al sector privado de la medicina lucrativa como son las ARS en detrimento de sus trabajadores afiliados y demás sectores de la sociedad. La cual rechazamos enérgicamente.

Al mismo tiempo saludamos como positivo la decisión del poder ejecutivo aunque tardío de disponer mediante el decreto 18-19 la conformación del plan especial transitorio de servicio de salud que beneficiaran a 116,334 pensionados y jubilados que ganen un salario mínimo de $11,113.00 pesos, quienes pasarán de inmediato al seguro nacional de salud, el decreto incluye la cobertura médica por accidente de tránsito al igual que los trabajadores activo, también podrán incluir al seguro de salud al cónyuge o al compañero de vida.

Igualmente exigimos a las autoridades disponer de inmediato la instalación de centros de atención primaria en todas las clínicas y hospitales autorizados a brindar servicios de salud a los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social. La implementación de la Estrategia de Atención Primaria tiene como finalidad impactar los indicadores de salud especialmente en lo relativo a la tasa de mortalidad materno-infantil, al costo de los servicios y a la expectativa de vida de la población en general.

Con la versión del Plan Básico de Salud llamada Plan de Servicios de Salud (PDSS), dispuesta por el Consejo Nacional de Seguridad Social mediante su resolución 151-05 del 11 de enero de 2007 para satisfacer las condiciones puestas por las ARS privadas, quedaron sustancialmente reducidos los programas y el acceso a los servicios de salud, impactando negativamente la calidad de vida de la población beneficiaria.  Más grave aún es el hecho de que, habiéndose puesto al PDSS un límite de un año, todavía hoy, más de diez años después, este sigue en vigencia, provocando además un alto gasto de bolsillo de un promedio de un 42%, que impacta negativamente en la población en sentido general.Hay que resaltar que los servicios de salud y medicamentos que se garantizan en los programas de prevención y promoción a la salud del Plan Básico de Salud, no tienen ningún costo para los afiliados y beneficiarios.

Finalmente, llamamos a todas las organizaciones de trabajadores a integrarse en un frente popular para la defensa de los derechos de toda la población a la seguridad social que reivindique la eliminación de la intermediación tanto de las ARS privadas como de las AFP.  

Efraín Sánchez Soriano