Apertura a juicio absurda y sospechosa

El auto de apertura a juicio contra el Defensor del Pueblo, Pablo Enrique Ulloa, por el supuesto uso indebido de la Bandera Nacional en la manga de una camisa mientras participaba en un programa de televisión en el que justamente hablaba sobre el orgullo patrio, no sólo puede considerarse como un despropósito legal, sino que levanta serias sospechas sobre posibles motivaciones reales ocultas.

Que un Procurador General Adjunto pidiera apertura a juicio penal por ese absurdo y que un juez de la Suprema Corte de Justicia lo concediera da razones para pensar que se trata de algún tipo de represalia o persecución contra el Defensor del Pueblo.

Posiblemente sea la primera persona que ha sido puesta en esta situación, entendible sólo bajo un régimen macondiano.

Acusar penalmente a un funcionario de alta investidura por llevar en su vestimenta una bandera sin escudo es un desatino que raya en lo ridículo.

Si bien los símbolos patrios deben ser respetados, resulta desproporcionado activar toda la maquinaria judicial por una interpretación antojadiza de la ley. Máxime cuando la normativa en juego, la Ley 210-19, establece claramente que el uso de la bandera sin escudo es válido en determinados contextos, y en ningún caso tipifica como delito el hecho de portarla en una prenda de vestir.

El trasfondo de este caso no puede analizarse sin considerar el papel que ha desempeñado Ulloa en su gestión, caracterizada por su independencia y firmeza en la defensa de los derechos ciudadanos y de críticas a algunos aspectos del sistema judicial.

Es inevitable preguntarse si esta persecución judicial responde a intereses que buscan acallarlo, desacreditarlo o destituirlo. Más cuando el propio juez reconoce que quien interpuso la denuncia no tenía calidades para la misma, decisión con la que deja en el escenario inquisidor sólo al Ministerio Público.

La apertura a juicio en este caso es un precedente peligroso que trivializa la justicia y la desvía de los asuntos realmente urgentes.

La sociedad dominicana debe estar alerta ante maniobras que, bajo la excusa del patriotismo, buscan erosionar la institucionalidad y afectar la credibilidad de quienes cumplen su función con independencia.