Al parecer pocos prestaron atención a la manifestación convocada por un grupo de personas de origen haitiano frente al Palacio Nacional, donde intentaron llamar la atención sobre su situación migratoria y, de paso, faltar el respeto al presidente Luis Abinader, tratando de equiparar su caso al del jefe de Estado por el simple hecho de ser descendiente de extranjeros.
La comparación, además de absurda, revela el nivel de manipulación con el que algunos sectores intentan manejar el debate migratorio en República Dominicana. Porque una cosa es ser hijo de inmigrantes que regularizaron legalmente su situación en el país hace generaciones, y otra muy distinta es pretender convertir la ilegalidad migratoria en un derecho automático a la nacionalidad.
Luis Abinader nunca ha tenido cuestionamientos jurídicos sobre su nacionalidad. Su familia libanesa se estableció legalmente en el país y su padre, José Rafael Abinader, nació dominicano. El presidente no llegó al Palacio Nacional producto de una interpretación forzada de la Constitución ni de presiones internacionales. Su condición como ciudadano dominicano siempre estuvo definida dentro del marco legal.
Sin embargo, algunos activistas y grupos vinculados al tema haitiano insisten en vender una narrativa emocional que busca presentar a República Dominicana como un Estado que “niega derechos”, cuando la realidad jurídica e histórica es mucho más compleja.
Durante décadas, cientos de trabajadores haitianos llegaron al país para laborar en los ingenios azucareros bajo acuerdos temporales. Eran contrataciones para períodos específicos de trabajo, principalmente durante la zafra.
No se trataba de procesos migratorios permanentes ni de programas de naturalización. Muchos permanecieron en territorio dominicano después de finalizar esos acuerdos y formaron familias en bateyes y otras zonas agrícolas.
Pero aquí hay un dato que algunos prefieren ocultar: desde la Constitución de 1929, la legislación dominicana ya establecía que los hijos de personas en tránsito o en condición migratoria irregular no adquirían automáticamente la nacionalidad dominicana.
Posteriormente, sentencias de la Suprema Corte de Justicia reafirmaron ese criterio hasta llegar a la sentencia TC/0168/13 emitida por el Tribunal Constitucional en 2013, una decisión que provocó fuertes reacciones internacionales y campañas mediáticas contra República Dominicana.
Sin embargo, contrario a lo que muchos intentaron difundir, esa sentencia no ordenó expulsiones masivas ni eliminó arbitrariamente nacionalidades válidas. Lo que hizo fue exigir una revisión y organización del Registro Civil para determinar quiénes realmente cumplían con los requisitos establecidos por la ley dominicana.
A raíz de esa decisión, el Estado dominicano aprobó la Ley 169-14 y puso en marcha un amplio proceso de regularización. Se habilitaron oficinas, recursos humanos, asistencia legal y mecanismos extraordinarios para que miles de extranjeros pudieran documentarse.
Se invirtieron enormes recursos económicos y logísticos en ese proceso. Pero existe una realidad incómoda que rara vez mencionan las organizaciones internacionales: una gran cantidad de extranjeros no pudo presentar documentos que acreditaran identidad, arraigo o residencia continua, mientras el propio Estado haitiano tampoco ofreció respuestas eficientes para documentar adecuadamente a sus ciudadanos. Y es ahí donde el discurso de la “apatridia” comienza a derrumbarse jurídicamente.
Porque la Constitución haitiana reconoce la nacionalidad haitiana a los hijos de haitianos nacidos en el extranjero. En otras palabras, esas personas sí tienen patria conforme a las leyes de Haití. Entonces el verdadero debate no es sobre apatridia. El debate es sobre soberanía, control migratorio y presión política internacional.
República Dominicana, como cualquier nación del mundo, tiene derecho a establecer quiénes son sus ciudadanos y bajo qué condiciones se adquiere la nacionalidad. Lo hacen prácticamente todos los países con sistemas migratorios organizados. Pero cuando República Dominicana intenta aplicar sus propias leyes, inmediatamente surgen sectores que pretenden desacreditar al país ante organismos internacionales.
