Senador de Santo Domingo, Antonio Taveras.
Santo Domingo.- El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, presentó hoy al Senado un proyecto de resolución mediante el cual se solicita a todos los ministerios del nuevo gobierno presentar a la Cámara Alta un informe detallado de la situación administrativa encontrada en sus respectivas instituciones.
Taveras Guzmán propone que los ministerios deben informar y alertar al Senado sobre las irregularidades que hayan podido detectarse en la gestión anterior, la gravedad de las mismas y las consecuencias penales que puedan ser aplicadas a los responsables.
En la resolución se otorga un plazo tres meses a cada ministerio para que entregue se respectivo informe a la Comisión Especial de Investigación creada para los fines.
«Ya no más borrón y cuenta nueva. Este Senado debe cumplir su función de fiscalizar y garantizar el uso correcto de los recursos públicos. Vamos a identificar cualquier irregularidad cometida en la gestión pasada y a tomar las medidas de lugar para que sean sancionadas y no vuelvan a repetirse», declaró.
En el caso de encontrarse indicios que vinculen prácticas o conductas con infracciones administrativas o penales, la comisión especial de investigación deberá recomendar la comunicación de las informaciones recopiladas a las autoridades correspondientes para agotar los procedimientos previstos de conformidad con la normativa aplicable.
En sus consideraciones, el proyecto apela al ejercicio de las atribuciones de fiscalización y control del Congreso Nacional, las cuales están reconocidas por el articulo 93, numeral 2 de la Constitución de la República.
Además, justifica la solicitud en el articulo 146 de la carta magna, el cual consigna la proscripción de la corrupción y condena toda forma de corupción en los organos del Estado.
Taveras Guzmán recordó a sus compañeros legisladores que de manera enfática la ciudadania ha reclamado a las autoridades la ejecución de medidas tendentes a prevenir y enfrentar los posibles actos de corrupción administrativa.
El fin de la impunidad, y del borrón y cuenta nueva, concluyo, «es un deseo de la inmensa mayoria del pueblo que se expresó en las urnas el pasado 5 de julio».
