SANTO DOMINGDO. – El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, aseguró este domingo que el presidente Luis Abinader mantiene su interés en una nueva reforma constitucional para adecuar y establecer nuevas disposiciones necesarias para impulsar la institucionalidad del Estado y establecer un régimen de moral y ética en la administración pública.

Dijo también que en la presente administración no se protege ni acompañan los actos de corrupción y que incluso el presidente Luis Abinader ha advertido a sus funcionarios que no puedan cumplir con el Código de Ética de su Gobierno que renuncien a sus cargos.

Entrevistado en el programa “Aeromundo”, que produce el periodista Guillermo Gómez, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo recordó que como una muestra de coherencia en su firme decisión de combatir y sancionar la corrupción en el gobierno, el jefe del Estado dispuso que en adelante para una persona ingresar al Estado o mantener su puesto de trabajo deberá realizar de manera obligatoria el Curso Básico de Ética para Servidores Públicos, de acuerdo con una resolución conjunta firmada por el Ministerio de Administración Pública y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

Peralta Romero aseguró de manera enfática que en el presente Gobierno no se permite ni protege ningún atentado contra los principios de eficacia, objetividad, transparencia e igualdad que rige las acciones de la administración pública.

Dijo que frente a esa situación, en la administración se ha puesto en marcha una serie de medidas para acabar con la corrupción y los tentáculos que de ella se desprenden.

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo subrayó que el principal objetivo del gobierno consiste en limpiar al Estado de las malas prácticas del pasado.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, aseguró que uno de los principales compromisos del gobierno es lograr consolidar la democracia y el principio de separación de poderes para garantizar la sistematización de los órganos de control del Estado dominicano.

Sobre el particular, manifestó que, para ello, es importante la contribución de los principales actores de la sociedad civil y sus instituciones.

El funcionario dijo que el anteproyecto que declara la necesidad de la reforma constitucional, busca el fortalecimiento de la justicia con la exclusión del procurador general de la República de la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, a la vez una renovación gradual de los jueces de las altas cortes y nuevos requisitos para la elección de éstos a los fines de incidir en la despolitización de esos órganos”, expuso el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Peralta apuntó que igual ocurre con el interés de garantizar la independencia plena del Ministerio Público, donde proponen que el procurador general de la República sea designado de conformidad con la ley a través de un proceso transparente, y diferente al método actual que lo deja a voluntad unilateral del presidente de la República.

También, agregó, que pueda ser interpelado este funcionario por las Cámara Legislativas en ocasiones de ejercicio de sus funciones.

Peralta explicó que el objetivo de la reunión es lograr una interacción entre el gobierno y la sociedad que permita alcanzar un consenso sobre la actualización de normativas institucionales.
El funcionario cito que uno de los compromisos del gobierno es lograr consolidar la democracia y el principio de separación de poderes, lo cual está convencido de que se puede alcanzar principalmente a través del fortalecimiento sistemático de los órganos de control del Estado”.

“Para consolidar el ejercicio democrático, proponemos unificar las elecciones y eliminar el arrastre electoral en todos los niveles de votación, así como facilitar el uso de la iniciativa legislativa tanto por los ciudadanos en sentido general, a través de la iniciativa legislativa popular, como por algunos órganos constitucionales que actualmente están excluidos de dicha dinámica”, indicó.
Peralta dijo, que en el caso de la legislación popular el actual requisito del 2% de los distritos en el registro de electores equivale aproximadamente a 200 mil personas, lo cual el gobierno propone reducirlo a 25 mil ciudadanos.

En el caso de los órganos constitucionales, plantea que si la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral, tienen iniciativas legislativas en sus respectivas materias, también la puedan tener otros órganos como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional.

Asimismo, expresó que, para alcanzar un objetivo de esta naturaleza, “es necesario reformar la Constitución puntualmente”, por ser la base normativa suprema de todas las instituciones mencionadas cuya independencia y eficaz funcionamiento reclama y necesita la sociedad.

Agregó que dicha reforma constitucional no se trata de una coyuntura política o para beneficio del gobierno o un sector de este, sino procura es restarle poder al Poder Ejecutivo y distribuirlo entre los demás poderes del Estado y los propios ciudadanos.