Solemnemente me declaro un ente anticaravana. Me refiero, claro está, a esas caravanas políticas que todo el mundo sabe que son pagadas por los partidos a sabiendas de que nadie cree en ellas, comenzando por los organizadores y los participantes.
¿A quién se pretende engañar con esos movimientos de personas, nómadas de una provincia a otra, gritando consignas vacías de contenido?
Lamentablemente, no se puede aspirar a que nuestros legisladores prohíban esa pérdida de tiempo que son las caravanas, por aquello de que nadie afila cuchillo para su garganta, y que cada quien con lo suyo hace un saco y se mete, pero lo malo es que todo ese desorden se hace con dinero de nosotros los incautos contribuyentes, gracias a una desafortunada ley que obliga a la Junta Central Electoral a repartir millones de pesos entre los partidos para que éstos hagan con ellos lo que les da la gana sin rendir cuentas a nadie dizque para fortalecer la democracia.
Si todo el esfuerzo y la gastadera de dinero que significan las caravanas se invirtieran en organizar debates entre los aspirantes a cargos públicos, ¡qué diferente sería la cosa!
Pero no. Estamos muy lejos de eso. Quizás mis tataranietos alcancen esa realidad, si es que los políticos no han acabado antes con este país.
