El de las cárceles es un tema complejo, esquivo a la comprensión y, por lo visto, difícil de resolver.
Con el enfoque actual de la prisión, necesitaríamos inversiones inmensas para poder recluir a cientos de miles de personas, nacionales y extranjeras, con un comportamiento desafiante frente al orden público y ante las leyes de carácter penal.
Esta actitud, verificable todos los días del año, todos los años, en las calles y comunidades, es agravada por el ritmo del sistema de justicia, que tiene un paso corto, acaso por la contradicción de los roles e intereses entre jueces, fiscales y abogados.
Cuando se quiere decir que se hacen esfuerzos para mejorar las condiciones de las cárceles se habla de las inversiones en un nuevo modelo.
Si de lo que se trata es de mostrar su mala calidad, se busca en el denominado “viejo modelo”.
Como lo peor de este sistema carcelario antiguo y miserable suele ser mencionado el penal de La Victoria, que data del inicio de los años 50 del siglo pasado.
Quienes han tenido la oportunidad de estar allí tienden a llevarse la impresión de haber estado en un cementerio.
Tiene miles de reclusos y todos los días los jueces dictan una sentencia de encierro contra alguien a quien envían a La Victoria.
La idea de la prisión es apartar de la sociedad a personas que causan daño por su incapacidad para convivir con los otros con la mediación de derechos y deberes.
Pero en ese apartarlos debe subyacer el fin de su recuperación, no de la descomposición, propia de los cementerios.
La tragedia del lunes en La Victoria se ha saldado con más de una decena de cadáveres, varios afectados que debieron ser atendidos en hospitales, traslados a otras cárceles y algunos pabellones destruidos por el fuego.
La Victoria es una vergüenza que debe ser atendida.
