Los esfuerzos de numerosos sectores sociales en procura de que el Presupuesto de 2011 consigne los recursos que necesita el sistema educativo para resolver sus inocultables deficiencias ha logrado un primer triunfo: sacar el tema a la superficie y empoderar a la población del mismo.
Ese primer paso coloca al Gobierno y al Congreso ante un dilema: ¿cómo desconocer un pedimento que cuenta con el respaldo del 91 por ciento de la población, según consta en la encuesta Gallup publicada por el periódico Hoy?
Actitudes infelices de encumbrados funcionarios públicos han incrementado el malestar, pues pareciera que son indiferentes o que se burlan de un pedimento sustentado en un mandato legal.
El Congreso Nacional tiene la facultad constitucional de dictar las leyes y modificar las existentes siguiendo los procedimientos que la propia Carta Magna establece. Pero moralmente tiene la obligación de escuchar un reclamo que prácticamente se ha convertido en un plebiscito nacional.
Nos parece sensato que el presidente Leonel Fernández haya convocado a un diálogo para discutir el tema, pero ésto sólo tendría sentido si se produce antes de la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gasto Público y en medio de un ambiente sincero en el que haya receptividad a los planteamientos en pro de una mayor inversión en educación.
En adición de que la legislación vigente, incluyendo la Constitución, privilegia la inversión en mejora del sistema educativo, ese paso es el génesis para la solución de muchos otros males sociales.
