Hace un par de meses, a propósito de cumplir el primer aniversario de la administración que encabeza el presidente Luis Abinader, se exhibió profusamente una costosa campaña publicitaria del Seguro Nacional de Salud (SENASA), en la que presentaba logros y bondades de la entidad estatal.

Esta promoción, al igual que otras de la esfera oficial, agregaba un componente de culto a la personalidad de su titular, Santiago Hazim. Desconozco el costo de la misma, pero evidenció que allí no existe miseria y que se maneja con holgura económica.

Naturalmente, no todo lo que brilla es oro, dice el refranero dominicano, porque parece que en el SENASA se verifican actuaciones que chocan con el alto grado de sensibilidad que debe primar en una institución de esa naturaleza.

En el contexto anterior, la semana pasada me tocó seguir de cerca el caso de Doña Amparo, formidable guerrera que ha combatido siempre para superar las vicisitudes de la vida, incluyendo el reto de madre soltera y de ir varias veces al quirófano.

Oriunda de Dajabón, a sus 93 años de edad, nuevamente se prepara para ir a la sala de cirugía con una fractura de cadera que le lacera profundamente el alma de combatiente sin tregua.

Esta vez, además de la enfermedad, lucha con la insensibilidad de servidores públicos que, al parecer, desconocen que la República Dominicana constituye un Estado Social Democrático de Derecho, fundamentado en la dignidad de las personas.

La lesión de la dama requirió de internamiento en un reconocido centro asistencial de la capital, donde los facultativos prescribieron una intervención quirúrgica de urgencia, proceso que se ha visto retrasado por la burocracia en su seguro contributivo.

Dentro de las prescripciones figura la colocación de un clavo ortopédico, con ciertas especificidades, en su cadera fracturada que solo ofrece una determinada casa comercial, pero que se ajusta a un alto estándar de calidad, por lo que la paciente depositó la documentación correspondiente.

Sus familiares se apoyaron en contactos en la Superintendencia de la Seguridad Social (SILSARIL) para acelerar el proceso, debido a que el dolor resulta cada vez más intenso y estremece la ya disminuida anatomía; esto a pesar de los fuertes calmantes que se le administran.

Luego de múltiples llamadas, finalmente llegó una aprobación que no se correspondía con la calidad requerida, debido a que, no obstante que la prescripción establece claramente la casa comercial, el personal que agotó el proceso de validación la cambió por otra que comercializa un producto de menor calidad. Llama la atención que no redujeron el precio.

Los médicos no aceptaron el producto porque consideran que no se ajusta a la necesidad facultativa de la paciente. Informados de la situación, desde el SENASA solo comunicaron que había que esperar más tiempo, mientras la afectada gime del dolor intenso. También dijeron que la empresa especificada no licitó, aunque se apoyaron en su factura para otorgarle la adjudicación a la otra.

Un conocedor de la materia nos aseguró que eso es parte de un negocio que ocurre cientos de veces al día como parte de procurar beneficios pecuniarios que coliden con la ética. Hasta ahora no le he dado aquiescencia a la versión, en vista de que no tengo constancia de actuaciones bochornosas de esa naturaleza.

Los familiares optaron por pagar los RD$44,191.40 que cuesta el clavo ortopédico y, de esa manera, ahorrarle a Doña Amparo que se adicione un nuevo combate, en este caso contra una ARS estatal que muestra insensibilidad hasta con los adultos mayores.