El Día 
SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) manifestó su preocupación por la aprobación en sus condiciones actuales del proyecto de ley de extinción de dominio, así como el procedimiento legislativo que se está siguiendo para lograrlo.
“La redacción actual de diversas disposiciones del proyecto de ley de extinción de dominio es incompatible con nuestra Constitución y genera una alta preocupación en el empresariado joven. Basta con ver aspectos como la falta de seguridad sobre la propiedad de los bienes, los requisitos para considerar que un adquiriente goza de “buena fe” y la retroactividad que dispondría esta legislación”, explicó Luis Manuel Pellerano, presidente de ANJE.
Te recomendamos leer: Proyecto Extinción de Dominio pasa como ley ordinaria
Los jóvenes empresarios reiteraron que, si bien una ley de este tipo sería beneficiosa para fortalecer el régimen de consecuencias de las actividades ilícitas en el país y por esto apoyan la creación de la figura de la extinción de dominio, la falta de ciertas garantías procesales y sustantivas en este proyecto pudiera producir inseguridad jurídica.
“Los jóvenes empresarios reiteramos nuestro compromiso con una ley de extinción de dominio, pero la misma debe contar con un sistema de garantías que promuevan la seguridad jurídica y el debido proceso, asegurando los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, fomentando así la institucionalidad y el clima de negocios”, afirmó Pellerano.
Además, agregó que “vemos también con preocupación el procedimiento que está siendo utilizado para la aprobación de este proyecto de ley, que se está conociendo como una ley ordinaria; sin embargo, debido a que es una ley que versa sobre derechos fundamentales, debe ser conocida y aprobada como una ley orgánica”.
El Senado de La República aprobó el pasado jueves en segunda lectura el proyecto de Ley de Extinción de Dominio con veinte votos a favor y ocho en contra.
Con fuertes críticas, la oposición centró el contenido de los debates en los artículos 112 y 110 de la constitución para reiterar que se trataba de una iniciativa de carácter orgánico y que vulneraba el principio constitucional de irretroactividad.
