Santo Domingo.- En educación los resultados no son inmediatos; se requiere de tiempo y de estabilidad. Los políticos no siempre cuentan con tales recursos, indica el exministro de Educación, Ángel Hernández, en su libro Una gestión educativa: el aprendizaje como eje misional.
Su frase en la introducción del libro, que más que una evaluación de su trabajo es una reflexión desde la vivencia de funcionario público, señala que la prisa es la causa fundamental del fracaso de las políticas públicas.
Asimismo, subraya que los procesos dentro de ese ministerio se realizaron con reglas y transparencia. Dice que tuvo especial cuidado de que todos los ofertantes de servicios, sin importar que fueran empresarios o políticos, lo hicieran bajo las reglas establecidas y sin privilegios.
“Todos debieron ir a licitaciones, a pesar de que algunos tenían padrinos importantes en el Gobierno”, subrayó el catedrático, quien califica el Ministerio de Educación como la empresa más grande del país y la más compleja.
El exfuncionario, quien estuvo en ese ministerio hasta el pasado año resalta en el documento que, al asumir el cargo en agosto de 2022, se encontró con limitaciones de material didáctico para impartir docencia, a lo que se sumó tener que enfrentar intereses comerciales.
Reseña que encontró una cantidad de equipos que estaban dañados y sin repuestos para su reparación.
Poner orden fue difícil, puntualiza, ya que tras la pandemia los estudiantes de colegios pasaron al sector público y no había suficiente mobiliario, sumado al incumplimiento de suplidores.
Dice que una avalancha de desinformación por parte de los gremios de profesores fue una limitante y recuerda en un momento de sus gestión se hablaban de más de 300 mil niños sin cupos escolares, cuando en realidad eran 2,200.

Alega que el tema le causó mucho ruido mediático, al que se añadió el tema de la inmigración haitiana, que supuestamente estaba ocupando los puestos de los criollos. Aclara que esa falta de cupo es relativa y está vinculada a que los padres tienen preferencia por un centro en particular, motivados por calidad o cercanía a sus viviendas.
Hernández cuenta que, mientras tenía que lidiar con temas de administración educativa y curricular, también debía resolver un tema de ascenso profesional injustificado, enviando a las aulas a 1,300 técnicos que habían sido ascendidos sin justificación. Al hacer su valoración, dice que muchos de esos técnicos no tenían la capacidad competitiva para estar en esos cargos; sin embargo, debieron ser dejados en sus puestos porque pasaron un concurso especial que fue abierto para regular esa designación.
Apunta que, de ahí en adelante, se puso candado a esa puerta, de que nadie sea nombrado técnico sin haber pasado por concurso.
Otros desafíos
Deudas, pago de licencias por maternidad y deudas pendientes con el sector de varios años.
Precisa que reformar el contenido de la educación y el sistema de evaluación del aprendizaje son de los procesos más complejos del sistema, los cuales generan resistencia de muchos actores, sobre todo de los docentes, que tienen que trabajar y adecuarse a los nuevos paradigmas e innovaciones que introduce el nuevo currículo educativo.
Reconoce la falta de inversión, al agregar que actualmente los centros educativos cuentan con pocos recursos didácticos y tecnológicos, lo que impide una experiencia formativa de mayor calidad.
Precisa que no todo son malas noticias. Apunta que también hay resultados positivos, entre los que destaca la visibilidad del rol del director de centros educativos, la digitalización de los procesos académicos y administrativos, la modernización de las normativas institucionales y que un grupo de docentes logró alfabetizar al 100 % de sus alumnos de segundo grado.
El exfuncionario indica como un error de su gestión no saber usar los medios de comunicación a su favor y mostrar los avances obtenidos en su gestión; señala que, de hecho, fue una sugerencia del mismo presidente de la República. Precisa que en ese renglón se redujeron más de 560 millones de pesos entre 2019 y 2024.
En cuanto al programa del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, sugiere que sea oportuno que los alimentos sean proporcionados por las familias a través de cooperativas locales organizadas en torno al centro educativo, de manera que se impacte la producción local, se generen empleos para las familias y, en especial, se garantice el cuidado y la calidad de los alimentos servidos a los alumnos.
Además, sugiere la universalización del programa de atención integral a la primera infancia, lo que entiende tendrá un mayor impacto positivo en la calidad educativa.
En cuanto a la atención especial a los niños que requieren atención especializada, indica que es importante fortalecer la política de educación inclusiva, ya que durante los últimos años se ha incrementado la cantidad de niños con autismo y otras necesidades.
Apunta que para esa población los servicios que ofrece el sector público son pocos, y sugiere la integración del Centro de Atención Integral para la Discapacidad con el Ministerio de Educación, lo que permitirá más recursos y ampliar los servicios a esa población creciente.
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Dilenni Bonilla
Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con diplomados en Comunicación Estratégica, Economía, Finanzas y Fondos de Pensiones.