Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Nicolás Maduro intensificó su ofensiva contra las organizaciones civiles y los defensores de derechos humanos, luego de la detención temporal de Manuel Finol, gerente de Amnistía Internacional Venezuela. Para la directora regional adjunta de la ONG, Valentina Ballesta, el caso refleja que el país “ha llegado a la última frontera de la represión”.
Un nuevo episodio de hostigamiento
Finol, artista y activista, fue retenido durante varias horas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes alegaron una supuesta revisión de pasaporte. El activista fue liberado más tarde sin cargos ni explicación oficial, pero Amnistía Internacional calificó el hecho como una detención arbitraria.
“La pertenencia de Manuel al movimiento de derechos humanos puede ser vista por las autoridades como una amenaza”, señaló Ballesta en diálogo con Infobae. “Aunque su liberación fue rápida, sigue siendo una privación injustificada de libertad”.
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Una escalada represiva contra la sociedad civil
El episodio se produjo menos de 24 horas después de que Amnistía Internacional exigiera en la red X la liberación de cinco presos políticos: Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda, todos encarcelados por su labor en defensa de los derechos humanos.
Ballesta advirtió que “el régimen venezolano ya no se limita a perseguir a figuras políticas, sino que apunta directamente a organizaciones con décadas de trabajo en el país”. Según la directora regional, la detención de Finol “encaja en un patrón de hostigamiento sistemático” que incluye intimidaciones, leyes restrictivas y detenciones sin fundamento legal.
Un entorno cada vez más hostil
La DGCIM, señalada por la ONU y diversas organizaciones internacionales por cometer violaciones graves de derechos humanos, vuelve a estar en el centro de las críticas. “En Venezuela se ha construido un aparato represivo que busca asfixiar cualquier forma de disidencia. Defender derechos humanos se ha convertido, para el gobierno, en una amenaza política”, subrayó Ballesta.
La dirigente también advirtió que el activismo enfrenta “un entorno extremadamente riesgoso”, donde las ONG deben operar con medidas de seguridad reforzadas y bajo permanente vigilancia. Pese a ello, aseguró que Amnistía Internacional mantendrá su presencia en el país y continuará acompañando a las víctimas.
“La última frontera”
Para Ballesta, la detención de Finol simboliza un punto de inflexión: “Se ha cruzado la última frontera. Ahora, cualquiera que defienda derechos frente a un Estado arbitrario y voraz puede ser considerado enemigo”.
Amnistía Internacional reiteró su llamado a la comunidad internacional para mantener la presión sobre el gobierno de Maduro y proteger a los defensores de derechos humanos en Venezuela. “Seguiremos documentando, denunciando y exigiendo justicia”, concluyó Ballesta, resaltando que la solidaridad global sigue siendo la herramienta más efectiva frente al miedo y la represión.
