Nadie en su sano juicio podría generalizar afirmando que el narcotráfico ha penetrado la política dominicana, pero lo que sí constituye una evidente verdad es que en la actualidad ese flagelo se ha convertido en una seria amenaza para la esencia de nuestra democracia.
Los apresamientos y extradiciones a los Estados Unidos en los últimos cinco años de políticos y vinculados, acusados de estar involucrados en el tráfico de estupefacientes, algunos de los cuales, incluso, hasta han sido favorecidos con el voto para ganar puestos de elección popular en el Congreso Nacional y
ayuntamientos no pueden pasar desapercibidos, sino ser la voz de alerta a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a fin de depurar los aspirantes a candidaturas nacionales y locales.
El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) debería ser la organización política más interesada en la realización de una profilaxis previa, a partir de que los hechos han develado que en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de los años 2020 y 2024 dejó puertas abiertas a través de las cuales ingresó dinero procedente del crimen organizado, sobre todo del narcotráfico.
Representa una falacia la afirmación de que resulta imposible evitar que vinculados con actividades del tráfico de drogas se involucren en la actividad política para alcanzar posiciones electivas que les aporten
inmunidad.
Esto así, porque los partidos pueden recibir informaciones de alta sensibilidad de parte órganos de investigación como la Administración de Control de Drogas (DEA), agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo y el lavado de activos; así como de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con sede en Francia. Además, aunque con menor nivel de confiabilidad, de la local Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
La Constitución de la República establece un rol esencial a partidos, agrupaciones y movimientos políticos, especificando que su organización es libre, con sujeción a elevados principios morales.
Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley.
Esas estructuras están ante la obligación constitucional de garantizar la participación de ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; además de servir al interés nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad dominicana.
La Ley 20-23, de su lado, les encarga el rol, junto a la Junta Central Electoral, de organizar, fiscalizar y supervisar el proceso interno para la escogencia de candidatos a cargos de elección popular, ya sea para la elección de las autoridades electivas dispuestas por la Constitución, así como los mecanismos de participación popular establecidos en ella, bajo las condiciones que se establezcan.
Mientras que, entre los deberes de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, figuran el desarrollar sus actividades con apego a la Constitución, las leyes vigentes, los estatutos y sus reglamentos internos, aprobados según los términos de esta ley; y velar por el cumplimiento y respeto de los derechos
políticos de los ciudadanos.
Frente a tan elevada responsabilidad, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos dominicanos deben garantizar a la sociedad que los narcotraficantes estén fuera de la cotidianidad política, antes de
que sea demasiado tarde.
El encarecimiento de la actividad política no tiene por qué ser una excusa en el camino de alcanzar ese noble propósito.
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