Santo Domingo.- El abogado Cesar Peralta manifestó que la variación de la medida de coerción a dos de los encartados por el caso Banco Peravia, “representa un mal mensaje e incentiva a la delincuencia de cuello blanco”.
Peralta, quien representa a varios de los afectados por el fraude contra el Banco Peravia, explicó que la variación de la medida de prision preventiva a domiciliaria al presidente del citado banco Nelson Serret y al secretario del consejo administrativo Jorge Serret, además de imponerles una garantía económica de RD$15 millones es contraproducente en comparacion con el daño y el fraude, el cual se estima en RD$1,400 millones.
“Los afectados están en desarcuerdo con la decisión porque lleva un mal mensaje a la población e incentiva a la delincuencia de cuello blanco. Personas que están acusadas de robar 1,400 millones de pesos y que le impongan una fianza de 15 millones y a pagar mediante contrato, es un caldo de cultivo a la delincuencia”, explicó.
El jurista advirtió que “aunque respeta la desición del jueces, desaprueba dicha decisión”, por lo que está a la espera de que no sean notificada para recurrirla en apelación.
Varios de los querellantes tras la quiebra del Banco Peravia amenazaron con protestarán mañana lunes por la decisión de variación de prisión preventiva tomada el pasado viernes por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia en favor de los exejecutivos bancarios Nelson y Jorge Serret Sugrañez.
Delio Antonio Santos Rosario, Alberto Rafael Cava, Magaly Antonia Jiménez y Víctor Hugo Mercado dieron a conocer a través de sus abogados que apelarán la decisión del tribunal, que otorga prisión domiciliaria a los hermanos Serret.
A través de un comunicado, los exahorrantes recordaron que el tribunal benefició con prisión domiciliaria a los hermanos Serret, a pesar de que dentro del proceso hay 12 personas prófugas, entre ellas familiares de los imputados y contra los cuales hay sendas órdenes de extradición.
La jueza Keila Pérez, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, había enviado a juicio de fondo a todos los implicados en el caso del fraude del Banco Peravia, acogiendo en su totalidad las 25.000 piezas probatorias presentadas por la Fiscalía y las querellas presentadas.
El tribunal rechazó todas las solicitudes de nulidad hechas sobre la acusación del Ministerio Público, estableciendo que las pruebas, las que habían sido debatidas en la audiencia preliminar que se prolongó desde abril hasta noviembre del 2017, fueron recabadas de conformidad a la normativa procesal vigente.
Asimismo, rechazó devolver los bienes sujetos a decomiso que habían sido solicitados por intervinientes voluntarios, como por ejemplo el caso de la aeronave Cessna, propiedad de los acusados, los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray.