Edilí Arias 
Abogado Francisco -Pancho- Álvarez Valdez.
Santo Domingo.- El abogado Francisco Álvarez consideró correcta la estrategia del Ministerio Público con relación a los acuerdos arribados con decenas de imputados en los casos de corrupción que se ventilan en los tribunales.
El jurista afirmó que dichos acuerdos “permiten descabezar la criminalidad organizada instalada en el sector público”.
“Es un mal decirle a una persona que admitió y confesó un crimen que no irá a prisión, pero es un mal menor en comparación a mantener intacta una estructura de criminalidad”, explicó Pancho Álvarez en el programa El Día de Telesistema.
“Por eso es que digo que estoy de acuerdo con los acuerdos”.
El abogado explicó que los casos de corrupción que actualmente se ventilan en los tribunales se catalogan como crimen organizado porque tienen una estructura, y que el caso de los funcionarios se llama coalición de funcionarios, lo cual es sancionado penalmente.
Los que llegaron a acuerdos con el Ministerio Público se comprometen no solo a regresar dinero, sino a testificar contra los demás imputados.
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Sobre la petición de los abogados defensores de algunos de los implicados de participar en la audiencia de homologación de los acuerdos, destacó que, como estos no son parte de los acuerdos, no pueden estar presentes en las audiencias.
En cuanto al rechazo por parte de las defensas de las supuestas cabezas de los entramados de corrupción, el jurista consideró “obvio” que traten de desacreditar los acuerdos, “porque saben que el testimonio de los delatores premiados perjudicará” a sus clientes.
El jurista acotó que el criterio de oportunidad forma parte de las herramientas que el Código Penal pone en manos del Ministerio Público para combatir la criminalidad.
A juicio del abogado Pancho Álvarez, las defensas técnicas de los señalados como cabeza de los casos de corrupción están jugando a vencer los plazos y que, en el caso de los implicados en la Operación Medusa, quedan 10 meses para una sentencia de fondo.
Tiempo para los jueces
Recordó que, por los vencimientos de los plazos, en octubre del año pasado, la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, expresando la preocupación por el destino de los expedientes de corrupción.
En la misiva se afirma que “los jueces están otorgando a los abogados defensores plazos más extensos de lo ordinario. No nos oponemos a la protección de los derechos de los imputados, pero también el Poder Judicial debe proteger el derecho de la ciudadanía a que se haga justicia. Para tal fin, también deben crearse las condiciones para que los jueces a cargo puedan concentrarse en tales casos complejos, fijando, por ejemplo, audiencias cada día y no solo una o dos veces por semana”. Estas medidas pueden ser tomadas por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Explicó que los incidentes conocidos y fallados por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, no se pueden conocer nuevamente.
Los bienes de Jean Alain Rodríguez
Sobre el rechazo a la devolución de los bienes en los que se verificó una vinculación a los ilícitos imputados en la Operación Medusa, señaló que tienen la posibilidad de ser decomisados en el juicio.
El caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez consiste en realizar múltiples acciones a través de terceros con fondos económicos extraídos de la Procuraduría General de la República, adquirir bienes millonarios producto de estos actos de corrupción, así como no declararlos en sus declaraciones juradas de bienes.
En ese sentido, el juez ordenó que no se le devolvieran a Jean Alain Rodríguez, principal acusado del caso, una villa ubicada en Casa de Campo, un lujoso apartamento, un yate y varios terrenos en Santo Domingo.
Álvarez explicó que, si Jean Alain es condenado, deberá pagar una indemnización con todo su patrimonio.
Desmiente que su oficina de abogados trabaje para la Procuraduría
Sobre la afirmación de que su oficina privada de abogados haya trabajado para la Procuraduría General de la República y que esté detrás de los acuerdos firmados por el Ministerio Público con acusados de corrupción, el jurista negó que él, personalmente, ni los profesionales de su oficina, Headrick Rizik Alvarez & Fernández, formen parte de los mismos.
Desmintió que abogados de su oficina hayan trabajado para los acusados de corrupción sometidos por la Procuraduría General de la República.
