Alrededor de 1,100 personas han muerto en accidentes de tránsito en lo que va de 2026

Santo Domingo.- Las 1,100 personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito en lo que va de este año evidencian que la seguridad vial continúa siendo uno de los mayores desafíos de salud pública y desarrollo para República Dominican.

Así lo afirmó el ministro Deligne Ascención, coordinador del Gabinete de Transporte, quien además, informó además que más de 3,800 personas han resultado lesionadas en siniestros de tránsito, una realidad que, aseguró, genera un fuerte impacto sobre el sistema de salud, la economía nacional y miles de familias dominicanas.

Ascención sostuvo que detrás de cada cifra hay historias de vidas truncadas y familias afectadas, por lo que insistió en que los accidentes de tránsito no pueden seguir viéndose como hechos inevitables, sino como un problema estructural que requiere una respuesta integral del Estado.

El ministro explicó que la mayoría de las víctimas mortales corresponde a personas de entre 15 y 29 años, es decir, población en edad productiva, mientras que cerca del 70% de las muertes involucra a motociclistas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección para este segmento de la población.

Asimismo, indicó que la siniestralidad vial representa un costo económico superior al 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), sin contar las consecuencias sociales y emocionales que deja cada fallecimiento en las familias.

Frente a este panorama, afirmó que el Gobierno desarrolla una estrategia conjunta entre las instituciones vinculadas al transporte, la infraestructura, la educación, la salud y la fiscalización, con el propósito de reducir las muertes y lesiones en las vías.

Como parte de esa estrategia, señaló que el país trabaja en la consolidación de una política nacional de seguridad vial sustentada en tres pilares.

Citó la unificación de los datos sobre accidentes para mejorar la toma de decisiones, el fortalecimiento de la institucionalidad mediante la aplicación de la Ley 63-17 y sus reglamentos, y una mayor coordinación de las inversiones públicas para cumplir la meta de reducir a la mitad las muertes por siniestros viales antes de 2030.