Aún muchos recuerdan con indignación el mercado de extrañas sentencias de divorcios que salían de los tribunales de San Cristóbal, que hicieron famoso a nivel mundial ese distrito judicial. Eran los denominados divorcios al vapor.
Aún se tiene fresca la disposición de un tribunal de San Cristóbal que ordenaba la puesta en libertad del hoy extinto violento narcotraficante Rolando Florián Félix, a quien se intentó favorecer con una libertad condicional por buena conducta. Se trataba de un reo que estando preso fue condenado por salir a matar a una persona.
En los últimos días los tribunales de San Cristóbal han dado mucho de qué hablar, y con razones.
Se han producido fallos que a todas luces son impropios y bajo condiciones que permiten a cualquiera creer que motivos no santos los han movido.
Hay razones para pensar que el Derecho y la moral no son los únicos motores de decisiones tomadas en los tribunales.
La Suprema Corte de Justicia en el pasado ha dado muestras de que no auspicia conductas impropias y que investiga cuando hay señales de que las cosas no andan bien en algún tribunal.
Frente a lo que empieza a constituirse en un clamor popular, entendemos que la Suprema Corte de Justicia actuará para evitar que la corrupción arrope los tribunales y empecemos a vivir en un mercado judicial, como en el pasado.
El máximo tribunal probablemente no pueda evitar que un juez se doble, pero sí tiene la responsabilidad de sancionar al que lo haga.
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