Dicen que los muertos de campaña no se pagan. No solo las muertes físicas, sino las morales. La difamación y la injuria en tiempos de campaña tienen efectos en la misma. Por tal motivo, esos recursos deben ser atendidos en la campaña.
Decir, por ejemplo, que un candidato presidencial estuvo con el Chapo Guzmán y que hasta usó su avioneta, tiene efectos negativos contra el señalado y muy en particular si la persona que hace la imputación tiene relevancia pública.
Pedir disculpas está bien.
Aceptarlas también está bien.
Pero el caso lleva a reflexión: ¿quién paga los daños que se provocan en campaña?
También pone de manifiesto la máxima de que “justicia retrasada, justicia denegada”.
Nuestro sistema judicial requiere algún mecanismo rápido para atender casos como estos, cuyo daño solo puede ser reparado si se falla durante el proceso de la campaña misma.
O si el castigo “a posteriori” es tan ejemplar, que desincentive el uso de recursos de ese tipo durante las campañas.
Algo hay que hacer.
