El arroz es uno de los productos más buscado por los clientes del mercado de Villa Consuelo. Foto: Arlenis Castillo/El Día.
Santo Domingo.– El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes Iván de Jesús García dijo que el gobierno debe entregar los permisos de importación, de manera urgente, debido a que el cereal que hay en inventario se ha reducido de manera significativa, y hay que evitar nuevos incrementos de precios del producto.
“Con el tema del arroz, entiendo que la próxima semana los permisos ya tiene que estar en las manos de los que van a importar el cereal, porque si no se importa arroz el precio se va a disparar a los niveles nunca visto en la República Dominicana”, alertó el dirigente del gremio que agrupa a los comerciantes.
García deploró que los permisos de importación que otorga el Ministerio de Agricultura, entre el 80 al 90 %, se lo entregan a los molineros de arroz, mientras al comercio organizado apenas le dan el 10%, y eso no funciona así, porque cuando ellos importan el cereal lo traen con un dos o cuatro por ciento de granos partidos, y se lo llevan a sus factorías, y lo ligan con “puntillas” o arroz de medio grano, y lo regresan al mercado con sus marcas.
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“Por eso no se sintió un alivio en la calidad del arroz, ni en los precios del cereal que se importó en los meses de enero, marzo y abril, los permisos en el Ministerio de Agricultura deben de democratizarse, porque alguien dentro de esa institución tiene la teoría de entregarlos por el histórico, es decir a las mismas personas que lo tuvieron en los últimos 20 años, que eran los único que importaban, y eso lo criticó el partido de gobierno actual, entonces los importadores tradicionales no tenemos récord, porque esa gente nos sacaron de las importaciones de los productos agrícolas”, detalló Iván García.
Sostuvo que de la única forma que la gente va a tener buenos precios y excelente calidad es cuando al comercio organizado de la República Dominicana se le tome en cuenta para importar todos los productos del agro que hagan falta en el país.
Sobre la disponibilidad del producto, Iván García quien es miembro de la Comisión Nacional Arrocera, dijo que para este mes de septiembre íbamos a llegar a un punto crítico en el inventario porque se debe tener la reserva, como mínimo, de cuatro meses de consumo de arroz, y como el consumo se ha disparado en 1.1 millón de quintales mensual por el incremento en la llegada de turistas, cuando los inventarios bajan de tres millones de quintales se produce una alerta.
“Para este mes de septiembre, aun con la cosecha del verano, comoquiera, tenemos inventario menos de dos millones de quintales , entonces, si no se importa arroz para que llegue a final de septiembre, y como tarde a mediado de octubre, el cereal puede tener otro repunte de precios, y yo entiendo que el consumidor en la República Dominicana no lo soporta, y eso podría generar un malestar”, insistió.
Recordó que la libra de arroz que costaba 25 pesos ya está a 40, lo que implica 15 pesos más, y venirle ahora a la gente que dicho producto se dispare a 50 pesos, el que consumen los más pobres, eso es imposible, y estoy seguro de que el presidente de la República no lo va a permitir.
En otro orden, el dirigente del comercio organizado dijo que en la reforma fiscal que piensa implementar el gobierno se deben buscar los recursos en las exenciones y exoneraciones que disfrutan por décadas sectores privilegiados de la economía, y no se puede volver a gravar los consumidores que son los más sacrificados en materia impositiva.
Iván García insistió que en el país hay que eliminar la cesantía e implementar el seguro de desempleo, porque la misma dispara el costo laboral de los sectores que generan empleos de calidad en la República Dominicana.
En otro tema, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes condenó lo que calificó como abusos y atropellos que están cometiendo el ministerio de Interior y Policía y la institución del orden en contra de la ciudadanía, el comercio y los dueños de discotecas, a quienes se le violenta sus derechos con operativos para despojarlos de sus equipos de música, contrariando una sentencia del Tribunal Constitucional.
Denunció que en el país se ha creado un mercado secundario de ventas de equipos de músicas que provienen de los que la Policía despoja a sus legítimos dueños, lo que le ha ocasionado pérdidas millonarias, y muchos de los que vivían de ese comercio lícito han ido a la quiebra.
