Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo
Santo Domingo.- El director ejecutivo de Casa Abierta, Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, hizo un llamado urgente al presidente Luis Abinader para que atienda la disminución constante de los recursos destinados al apoyo de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) que trabajan en la prevención y tratamiento de las adicciones.
De la Rosa Hidalgo expresó esta preocupación a raíz de la reciente entrega al Ministerio de Hacienda de más de 108 mil millones de pesos en propiedades, joyas y dinero en efectivo por parte de la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República.
Según afirmó, esta acción constituye una violación a la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
“Esta decisión es, a nuestro juicio, una violación a las disposiciones legales y una evidencia de que en nuestro país la aplicación de las leyes depende de la discrecionalidad de quienes tienen la responsabilidad de cumplirlas y hacerlas cumplir”, señaló el director ejecutivo.
De la Rosa Hidalgo recordó que por años las organizaciones sociales que trabajan en la reducción de la demanda de drogas han insistido en el cumplimiento del artículo 33 de la Ley 155-17, que establece que el 15% de los recursos generados por esta ley deben ser destinados a estas asociaciones.
Sin embargo, según explicó, “las respuestas siempre fueron: no hay disponibilidad”.
Impacto de la nueva Ley 60-23
El director de Casa Abierta criticó que la entrega de los recursos mencionados al Ministerio de Hacienda se haya justificado con el cumplimiento de la nueva Ley 60-23, que regula la administración de bienes secuestrados, incautados y abandonados en procesos penales.
Señaló que esta decisión ignora el principio de la no retroactividad de las leyes y elimina el artículo transitorio 33 de la Ley 155-17, dejando sin efecto el mandato legal que garantizaba el 15% de los recursos provenientes del tráfico de drogas a las ASFL.
“Para muchas organizaciones, este porcentaje representaba el único apoyo del Estado, y su eliminación es una muestra de indolencia o desconocimiento de la importancia de estas instituciones para la sociedad dominicana”, destacó De la Rosa Hidalgo.
Reducción de apoyo estatal
El director ejecutivo también denunció que, desde 2016 hasta 2024, las ASFL que prestan servicios de salud en materia de drogas han sufrido una disminución progresiva del apoyo estatal.
“Pasamos de recibir un promedio de tres distribuciones anuales de recursos a solo dos en cuatro años. Durante el período de gobierno 2020-2024, estos recursos se distribuyeron una sola vez”, afirmó.
Finalmente, De la Rosa Hidalgo exhortó al gobierno a reconsiderar estas decisiones y a restablecer el apoyo financiero necesario para que las ASFL puedan seguir desempeñando su labor crucial en la prevención y tratamiento de las adicciones en la República Dominicana.
