Nassef Perdomo Cordero, abogado.
En medio del conflicto electoral ha salido a la luz pública una informaciónque no debe pasar desapercibida. Un grupo de fiscales denunció, como luego también lo hizo el movimiento cívico Participación Ciudadana, que se están tomando medidas que pueden herir gravemente la autonomía lograda por el Ministerio Público.
Como es de todos sabido, este órgano constitucional es uno de los pilares del sistema de justicia. Además de su función de investigador penal, el Ministerio Público es una de las caras de la Justicia cuando atiende las necesidades de los ciudadanos, y es, asimismo, el representante de la sociedad en los procesos penales.
Así las cosas, de la confianza que tengamos los ciudadanos en el Ministerio Público depende nuestra confianza en el sistema de justicia y, por vía de consecuencia, en la democracia constitucional. Todo lo que la dañe o disminuya sirve para corroer el fundamento de nuestra convivencia democrática.
Quizás sean simple coincidencia las renuncias de miembros importantes de las procuradurías especializadas, el llamado a concurso para ingresar casi 200 nuevos fiscalizadores y que se produjeran vacantes en el Consejo Superior del Ministerio Público.
Desafortunadamente, es poco probable que la ciudadanía lo acepte así, sobre todo tomando en cuenta que el efecto acumulado de estas casualidades es que permitirán a quienes salgan agraciados de estos procesos definir la ruta que seguirá el Ministerio Público durante los próximos años.
No olvidemos tampoco que el Ministerio Público se ha visto involucrado en controversias por concursos de esta naturaleza, como sucedió en 2018, cuando fueron objeto de graves denuncias públicas.
De la misma forma, la reputación del Ministerio Público fue mancillada por el trato dado a la magistrada Miriam Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura, que muchos dominicanos entendieron como un ataque injustificado contra una jueza independiente.
Los últimos días no han sido mejores y han demostrado que la confianza de este importante órgano público se encuentra muy cerca de los mínimos tolerables.
Lo mejor que pueden hacer quienes dirigen el Ministerio Público es evitar erosionar aún más la opinión que tiene la ciudadanía de esa institución. Evitar cambios importantes con efectos duraderos en un momento no sólo electoral, sino de delicada crisis política, es la única opción sensata.
