En las economías de mercado, como el caso de la República Dominicana, el Estado no está supuesto a intervenir en la fijación de precios de los productos y servicios, pero sí figura en su marco de actuación la toma de decisiones con la finalidad de mantener la estabilidad macroeconómica.

Un componente esencial en esa estabilidad está en el control de la inflación. Dado el efecto explosivo que ésta suele tener, el Estado debe estar vigilante para evitar un desequilibrio entre la producción y la demanda, que cause una subida continuada en los precios de artículos de gran consumo por parte de la población.

Los efectos de un proceso inflacionario son diversos, pero uno de extraordinario impacto es que produce la reducción del valor del dinero destinado a la adquisición de bienes y servicios. Esto conlleva, ineludiblemente, a la agudización de la pobreza y de los niveles de desigualdad social.

Lo ideal es que las autoridades dominicanas se pongan en alerta ante evidentes signos que advierten un proceso inflacionario que agudizaría la difícil situación económica por la que atraviesan muchos dominicanos, especialmente luego de la pandemia generada por el Covid-19.

De hecho, durante el fin de semana la Federación Dominicana de Comerciantes manifestó su preocupación debido a las alzas continuas en productos de primera necesidad.
Según la referida entidad, en lo inmediato los industriales aumentarán entre un 15 y un 20% los precios de los aceites, mantequilla, detergentes y otros productos.

La margarina registrará un alza de un 7%, la harina de maíz, 7%; aceites, 15% y 20%. Cita el hecho de que la semana pasada los huevos en granja registraron un alza de 20 pesos; el jabón de baño, 10%; el de cuaba, 15%; desodorantes, 10%; y la crema dental; 10%.

Asegura que, por octava vez en un año, vuelven a subir de precio los aceites, las margarinas y otros comestibles y que todos los productos industrializados registran alzas en los precios.
En los que respecta a las familias, con frecuencia se escuchan las quejas en el sentido del incremento de precios de productos básicos, incluyendo medicamentos.

Ciertamente que su carga resulta pesada, porque cuando se toma como referencia el costo de la canasta nacional, que ronda los 37,293.53 pesos, y se compara con el salario mínimo del sector privado no sectorizado, que asciende a RD$17,610, existe un marcado déficit presupuestario.

Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), entre diciembre de 2020 y enero de 2021, la mayoría de los productos que conforman la canasta básica sufrieron variación hacia el alza. Esto puede corroborarse en el Índice de Precio al Consumidor (IPC) por artículo que publica la institución reguladora.

Otra cuestión que podría agravar la situación de los segmentos poblacionales más vulnerables sería la aprobación en el Congreso Nacional de una reforma fiscal, que indudablemente significará una subida en los impuestos a la población.

En torno a lo anterior, sectores políticos de la oposición no ven con agrado una medida de esa naturaleza en la actual coyuntura. Es el caso del expresidente Leonel Fernández, quien ha advertido que no es momento para intentar una reforma fiscal en el país, debido a que provocaría ingobernabilidad y protestas sociales generalizadas.

El Gobierno va en el camino correcto apostando a la reactivación de la economía mediante el impulso del turismo, pero, antes, debe tener cuidado y estar en alerta con el curso del costo de la vida.