Patricia Arache.
Cada vez y con más frecuencia llegan a los medios de comunicación convencionales y digitales, así como a las redes sociales, denuncias sobre desaparición de personas, de todo tipo.
Las desapariciones de personas se han convertido ya en una práctica, casi cotidiana sobre la que la sociedad, en forma alarmante, parece irse acostumbrando. Y, he aquí lo peor.
Las estadísticas de los últimos tiempos revelan una alarmante incidencia de esos hechos, en un país que, como República Dominicana, no se conoce de lugares mágicos en el que, con varitas y sombreros, pueda desaparecerse a alguien, sin dejar rastros.
Cuando el diputado Orlando Salvador Jorge Villegas sometió el proyecto de ley para la creación de la Alerta AMBER, en mayo de este año, lo hizo motivado en el escándalo en el que han devenido las desapariciones y en la falta de respuestas rápidas y oportunas que brindan las autoridades frente a estos casos.
AMBER, por sus siglas en inglés, significa America’s Missing: Broadcast Emergency Response, que deberíamos españolizarlo, pero bueno, eso es lo de menos.
El legislador de la circunscripción número 1, del Distrito Nacional, y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en su momento, compartió la preocupación sobre la falta de protocolos y mecanismos que afecta a las instancias oficiales para asumir y resolver los casos de desapariciones.
Basta con exponer los datos de los últimos cuatro años, del 2019 a junio del presente año 2023, aportados por la Procuraduría General de la República.
Establecen que, en ese período, mil 103 personas han sido reportadas como extraviadas. Sabemos, por tradición cultural o social, que hay un sub registro, involuntario quizás, porque algunas familias se abstienen de hacer públicas situaciones que puedan involucrar a sus miembros, y en el peor de los casos, también pueden carecer de formas para compartir colectivamente el sufrimiento.
Otros diagnósticos, como el presentado por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), revelan que en el país han desaparecido 1,183 personas entre el 2017 y el 2023. ¡Es un escándalo!
El dato de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el país, ofrecido en junio pasado, de que los desaparecidos en República Dominicana en los últimos 5 años suman
más de 10 mil personas, no deja lugar a dudas de que en mucho estamos fallando.
La desaparición de personas no es un problema exclusivo de República Dominicana, es global, como lo son la mayoría de las falencias sociales de larga data, pero la búsqueda de una solución debe ser local, esencialmente, porque cada caso tiene características particulares.
Es urgente que los legisladores, cuya mala reputación no ha logrado superar los niveles de lo insólito, aunque hay un esfuerzo, agarren al toro por los cuernos, en vez de al rábano por las hojas, y conozcan el proyecto sometido por Jorge Villegas.
Casos recientes nos sobrecogen, sin olvidar los ya muy dolorosos anteriores, como el de una señora que sale a primeras horas del día hacia su iglesia y jamás se ha vuelto a saber algo de ella; o el de una pareja de novios que, sentados en la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, no dejan rastros de su existencia, aunque fueron encontrados el vehículo que ocupaban y otras pertenencias.
O la desaparición de un niño, de siete años de edad, en condición de autismo del que se desconoce su paradero desde el año 2017; o el del joven Alexander Sang Díaz, extrañado del seno de su familia, en mayo pasado… en fin. La lista es muy larga y las expectativas siguen insatisfechas.
Hombres, mujeres y niños desaparecen y, con el tiempo, hasta se olvidan sin que exista un mecanismo que permita a sus familiares y allegados contar, por lo menos, con la certeza de lo que ocurrió.
La alerta AMBER no será un muro de contención a las desapariciones de personas, pero proporcionará posibilidades.
