Frederich E. Bergés
El Ministro de Hacienda ha emitido unas declaraciones en la cuales muestra su satisfacción porque una de las agencias de clasificación crediticia de mayor prestigio y representatividad, la Standard and Poors (S&P) ha confirmado el denominado “rating” crediticio del país.
El mismo en la actualidad es de BB menos/B, una clasificación mínima indispensable para poder colocar y ponerle precio a nuestra deuda externa.
Un rating, clasificación, o calificaciónpaís es el producto de una evaluación de los principales elementos fundamentales de la economía y escenarios políticos de un país, entre otros datos y circunstancias, que se manifiesta en una escala de valores similares a los valores escolares. Esto es, desde triple AAA hasta D, ya que por supuesto el que obtiene una F ni pasa el curso, y en este caso, no recibe clasificación alguna.
Pero sucede que la nota de S&P del pasado 2 de diciembre, también afirma que el fuerte respaldo legislativo del nuevo gobierno podría permitir avances en algunas áreas claves de las reformas estructurales requeridas en el país. La referencia está dirigida a los continuos y ahora gracias a Covid, crecientes déficits fiscales. Ya el propio presidente Abinader ha convocado a los elementos que considera necesarios para la discusión y acuerdo de un pacto eléctrico y otro de carácter fiscal.
Estos son las principales reformas estructurales a las cuales se refiere S&P, ya que la combinación de ambas no solo contribuiría a cerrar la brecha fiscal deficitaria, sino que en lo adelante habrían controles para evitar la expansión desmedida del gasto público, y este a su vez tuviese una relación más íntima con los ingresos. Un subproducto esperado sería el fortalecimiento de nuestra moneda al no verse tan necesitada de endeudamientos para poder mantenerse a flote.
El nuevo rating que confirma el nivel de clasificación actual del país trae consigo una coletilla en cuanto que el horizonte futuro permanece negativo y en el tiempo bien pudiera reducirse nuestro rating, encareciendo los costos de la deuda y limitando su acceso. Toda una advertencia que las autoridades tienen que tomarse muy en serio, en vez de considerar como una alabanza.
