La senadora Amarilis Santana Cedano, animada talvez por la mejor intención, ha sometido al Congreso Nacional un proyecto de ley que obligaría a los medios de comunicación a contribuir con la educación del país mediante la inserción de notas y cuñas previamente preparadas por un organismo del Gobierno, en este caso la Secretaría de Estado de Educación.
La iniciativa parece guardar cierto parentesco con otro proyecto que también se ha planteado en estos días, de la autoría del diputado Alfonso Crisóstomo, con el objetivo de modificar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, para hacer más difícil la obtención de detalles relativos al manejo de los asuntos de Estado por parte de los funcionarios.
Ambas propuestas legislativas no merecen otro destino que no sea el de darles inmediata sepultura, por todo lo que entraña en perjuicio de una de las más preciadas prerrogativas del ser humano, como lo es la libertad de expresión.
El proyecto de la senadora Santana busca mejorar la calidad de la educación dominicana, pero propone, para ello, la obligatoriedad de los medios de comunicación de publicar o difundir mensajes hechos por un organismo oficial, so pena de sufrir la aplicación de sanciones que pueden llegar hasta la cancelación del carné o licencia (¿?) de un director para trabajar en su medio de comunicación.
Se puede, válidamente, exhortar a los medios de comunicación a que colaboren en campañas educativas para promover los valores éticos de la sociedad, pero imponer como una obligación legal lo que debe decir o callar un ciudadano cualquiera es un exceso totalmente divorciado de los cánones de cualquier sociedad democrática.
Cae aquí, como anillo al dedo, la frase atribuida a una estadista sudamericana, cuando dijo, respondiendo a quienes la acusan de hostigar a la prensa de su país: Prefiero mil millones de mentiras antes que una boca cerrada a la fuerza.
