AIRD alerta sobre productos importados y marcas blancas: “Registro sanitario en proceso es ilegal”

Santo Domingo.– El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, advirtió sobre la necesidad de fortalecer el cumplimiento de las normas de etiquetado y registro sanitario en los productos que se comercializan en el país, al señalar que existe una “cultura de incumplimiento” que debe ser enfrentada con mayor firmeza por parte de las autoridades y el sector privado.

El dirigente empresarial explicó que la discusión pública sobre el tema no es nueva y que la AIRD lleva más de un año alertando sobre la importancia de garantizar que los productos que llegan a los consumidores cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

“El tema del etiquetado en español y un etiquetado que contenga el registro sanitario de lugar ha sido parte del discurso de la Asociación de Industrias desde hace ya más de 18 meses”, afirmó en el Sol de la Mañana.

Según indicó, lo que ocurre actualmente es que determinadas situaciones recientes han colocado el tema en el centro del debate público, pero el problema tiene raíces más profundas.

“Lo único que ahora es que la coyuntura ha traído el tema a la primera plana de los medios de comunicación, pero lo que deberíamos sacar de esta discusión es cómo luchamos todos contra esa cultura de incumplimiento que existe en el país respecto al tema del etiquetado”, expresó.

Etiquetado en español y registro sanitario obligatorio

Pujols recordó que la legislación dominicana establece claramente que los productos que se venden en el mercado nacional deben contar con etiquetas en español y con el registro sanitario correspondiente.

En ese sentido, enfatizó que existen situaciones que son claramente irregulares según la normativa vigente.

“Hay dos legislaciones e infinidad de reglamentos y normas que disponen que aquí el etiquetado debe estar en español. Y uno de los componentes de la información que debe figurar es el registro sanitario”, explicó.

El ejecutivo de la AIRD fue enfático al señalar que expresiones como “registro sanitario en proceso” o la ausencia de esta información en el empaque representan violaciones a la normativa.

“Cuando dice registro sanitario en proceso, eso es ilegal. Cuando no tiene registro sanitario, eso es ilegal. Cuando tiene el espacio en blanco es ilegal”, sostuvo.

A su juicio, la solución pasa por combinar la información al consumidor con una aplicación efectiva de las leyes por parte de las autoridades competentes.

“Aquí estamos en una situación en donde debe combinarse la información al consumidor, pero también la implementación por parte de las autoridades del marco legal vigente”, agregó.

Derecho a comercializar marcas blancas

El representante del sector industrial aclaró que la AIRD no cuestiona el derecho de los comercios a vender marcas privadas o marcas blancas, las cuales suelen ofrecerse a precios más bajos para los consumidores.

“Las grandes superficies, las medianas superficies y las pequeñas superficies tienen todo el derecho de comercializar marcas privadas o marcas blancas”, señaló.

Sin embargo, insistió en que ese derecho no debe interpretarse como una vía para evadir las regulaciones.

“Lo único que nosotros ponemos sobre la mesa es que aquí hay que cumplir”, afirmó.

Para ilustrar su argumento, Pujols comparó la situación con las exigencias que enfrentan los productos dominicanos cuando se exportan a otros mercados.

“¿A qué dominicano se le ocurre poner en un barco o en un avión un producto que no tenga el etiquetado en inglés si va para Estados Unidos o en francés si va para Guadalupe o Francia?”, cuestionó.

En ese sentido, subrayó que los empresarios dominicanos conocen bien las regulaciones internacionales y las cumplen cuando desean acceder a otros mercados.

“Lo primero que hacen es validar cuál es el listado de regulaciones que tienen que cumplir”, explicó.

Competencia desigual para la industria local

Uno de los puntos que más preocupa al sector industrial es el impacto que el incumplimiento de estas normas puede tener en la competitividad de los productores locales.

Pujols señaló que cumplir con los requisitos sanitarios y de etiquetado implica costos que las empresas formales asumen como parte de su operación.

“Cumplir tiene un costo. Pasar ese proceso ante la autoridad tiene un costo de tiempo, el costo de la tasa administrativa, el seguimiento y todo el proceso para obtener los documentos”, indicó.

En ese contexto, afirmó que permitir la venta de productos que no cumplen con la normativa genera una desventaja para las empresas que sí respetan las reglas.

“Estamos siendo discriminados y en desventaja, porque nosotros cumplimos”, afirmó.

Por esa razón, explicó que el gremio ha sido insistente en pedir que se establezca un régimen de consecuencias para quienes incumplen las regulaciones.

“Cuando hablamos de temas como este lo hacemos con tanta contundencia porque nuestros asociados cumplen”, agregó.

Rol de las autoridades

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD recordó que en el país existen instituciones con facultades claras para supervisar el cumplimiento de estas normas.

Por un lado, mencionó la Ley General de Salud, que otorga competencias a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública.

También citó la Ley de Protección al Consumidor, que asigna responsabilidades al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor).

“La Ley General de Salud le da esa facultad a Digemaps y la Ley de Defensa al Consumidor le da la facultad a ProConsumidor para hacer lo propio”, explicó.

Según indicó, estas entidades tienen la capacidad de retirar del mercado productos que no cumplan con los requisitos establecidos.

“Los que tienen la facultad de salir al mercado y retirar el producto son ProConsumidor y Digemaps”, afirmó.

Etiquetas complementarias

Otro punto que surge en la discusión es el uso de etiquetas complementarias para traducir o añadir información a productos importados.

Pujols recordó que el Tribunal Constitucional ha reconocido la posibilidad de utilizar este mecanismo, aunque advirtió que en muchos casos su aplicación presenta problemas prácticos.

“Cuando uno ve algunos productos con etiqueta complementaria, eso no se lee”, comentó.

Según explicó, en ocasiones estas etiquetas se colocan sobre información importante del producto, como la fecha de vencimiento o las instrucciones de uso.

“La ponen encima de la fecha de vencimiento o de las instrucciones de uso y uno no sabe bien cómo hacerlo. Cuando la trata de despegar se va todo”, señaló.

Por ello, consideró necesario revisar cómo se está aplicando este mecanismo para garantizar que realmente cumpla su función informativa.

Cultura de cumplimiento

Finalmente, Pujols insistió en que el debate debe servir para avanzar hacia un mayor respeto de las normas en el mercado dominicano.

A su juicio, el objetivo debe ser construir una hoja de ruta que permita garantizar que todos los productos comercializados en el país cumplan con los requisitos legales.

“La idea es que esta conversación pase a un tema de definir cómo vamos a hacer una hoja de ruta para resolver esto y que los productos aquí cumplan”, afirmó.

El dirigente empresarial también subrayó que el sector privado debe asumir un compromiso activo con el cumplimiento de las reglas.

“Aquí el sector privado tiene que dar muestras de que está enfocado en que debe existir un régimen de consecuencias para el que no cumple”, señaló.

Para Pujols, más allá de la regulación, el tema también tiene una dimensión ética y de responsabilidad social.

“Es un tema de ejemplo, más allá de la educación al consumidor. Es el ejemplo que tenemos que dar y la sociedad que queremos dejar a nuestros hijos”, concluyó.