El caso de la suspensión de una docena de fiscales demuestra que, a veces, el Ministerio Público escucha las denuncias que presenta la sociedad a esa entidad.
El hecho de que se haya suspendido a fiscales que trabajaban en las provincias Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega y Bonao, indica que avanzamos en procesos de disciplina interna, pero el que no se señalen públicamente sus faltas pone en entredicho el alcance y la fortaleza de la voluntad para hacer justicia.
Todos están acusados de cometer faltas graves en el cumplimiento de su deber. La acusación, así generalizada, puede prestarse a múltiples interpretaciones; y de eso no se trata. Hay que actuar con transparencia y verticalidad cuando se pone en tela de juicio la idoneidad de un servidor público de apoyo a la justicia.
En este caso tampoco trascendieron los nombres de los involucrados. El argumento de que hay una fase de investigación los ampara. Un argumento muy abusado, pero que esta vez servirá para encubrir gente que no cumplió con las responsabilidades asumidas.
La Inspectoría General del Ministerio Público hizo su trabajo y dejó la solución de este caso bajo la responsabilidad del Consejo Superior del Ministerio Público.
Lamentamos que esto se produzca, precisamente, al término de un gobierno, cuando las condiciones resultan favorables para que muchos de los acusados encuentren resquicios y consigan eludir el peso de la justicia. Esperemos que no suceda así.
