República Dominicana tiene que afrontar de manera definitiva numerosos temas con Haití. En casi 180 años de historia la política frente a ese país ha sido “buscarle la vuelta”, “ver qué pasa en el futuro”, “dejar eso así”, “esperar otro momento” o simplemente hacer como que no pasa nada.
La ausencia de interlocutores válidos y confiables ha sido tradicional, no solo ahora que pandillas controlan parte del territorio.
En tiempos de dictaduras, de democracia, de gobiernos transitorios y de desgobiernos, para República Dominicana ha resultado difícil cerrar capítulos con Haití por la falta de institucionalidad en ese país y su vocación a victimizarse.
Se recuerda que al implementar el Plan de Regularización mandado por la ley 169-14 y la sentencia 168-13, el Gobierno dominicano asumió todos los gastos para que los haitianos recibieran ese privilegio de manera gratuita, sin embargo, Haití y la comunidad internacional no lo dotaron de documentos y cobraban el pasaporte a un precio prohibitivo para muchos.
Igual ocurre con los acuerdos sanitarios, los ambientales, los comerciales.
Ojalá que la determinación mostrada por el Gobierno dominicano con relación a los intentos de desvío del cauce del río Dajabón, sin que se conozcan estudios técnicos que sustenten esa pretensión, concluya con acciones determinantes y duraderas sobre la base del derecho internacional.
Igual habrá que hacer con tantos otros temas que atañen a dos vecinos que deben vivir uno al lado del otro.
