La iniciativa para la reforma de la Constitución de la República ha ingresado al Congreso Nacional de la mano del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. A partir de ahora las necesarias discusiones pueden ir adelante sobre la base de lo conocido.
Y es que a lo propuesto hasta ayer, tanto antes del discurso del presidente Luis Abinader el pasado día 16, como lo anunciado con anterioridad, podía quedar envuelto en la nebulosa de la política del momento y en los propósitos atribuidos a la iniciativa.
Con las ideas en blanco y negro a la mano esto cambia.
La introducción del proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma especifica diez artículos de la Carta Sustantiva en los que recaerían los cambios “puntuales”, como los ha denominado el Presidente en la carta que lo acompaña.
Y esto también es bueno, porque le da base firme a la comunidad política, desde la cual han surgido las posiciones más llamativas, aunque necesariamente las más sustanciosas.
Porque en realidad no es en los partidos donde más interés ha concitado la idea de reforma promovido desde Palacio.
La comunidad jurídica, para dar una pista, no ha parado de discutir acerca de la necesidad, la conveniencia y la efectividad de algunas de las iniciativas, entre ellas las de impedir la modificación con reformas coyunturales impulsadas por un presidente de la República con el propósito de ir más allá en el poder del tiempo que le permite la Constitución.
Otro punto controvertido ha sido el de la independencia e inamovilidad del procurador general.
¿Es conveniente para la democracia dominicana darle entrada a un funcionario de tales características?
Desde ayer a estas y otras interrogantes y a los puntos de vistas que las acompañan se les puede orientar hacia el Congreso Nacional para alimentar la necesaria reflexión de los legisladores a la hora de socializar y conocer el proyecto de ley de reforma.
Alea iacta est (la suerte está echada).
