Agricultura ante la seguridad jurídica en RD

El reglón de la inversión extranjera directa juega un rol relevante en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana, razón por la que se hace un imperativo la plena garantía de la seguridad jurídica.

De acuerdo con proyecciones divulgadas por el Banco Central, se estima que durante el año en curso el monto por este concepto ascenderá a la no despreciable suma de alrededor de 5,000 millones de dólares, una de las más altas de América Latina.

Sin embargo, parece que en el Ministerio de Agricultura no existe una comprensión clara acerca de la importancia estratégica de ese aporte a la economía nacional; esto a juzgar por la denuncia de la Unión Nacional de Importadores de Alimentos que demanda de esa entidad rectificar su decisión de suspensión de los permisos para la importación de cortes de res, pollo y cerdo, en virtud de que viola la Constitución y tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria. Las autoridades del área han negado que exista esa prohibición, pero los contenedores varados en puertos conteniendo estos productos ofrecen certeza de la irregularidad.

Los famosos permisos de importación de productos alimenticios han posibilitado el enriquecimiento acelerado de funcionarios a través de los años, a excepción de los gobiernos encabezados por Danilo Medina, de los años 2012-2020, período en que los mismos se otorgaban mediante la celebración de subastas públicas organizadas por la Junta Agroempresarial Dominicana.

Actualmente el único requisito debería ser el cumplimiento de los protocolos de control fitosanitarios.

Las autoridades del Ministerio de Agricultura, encabezadas por Límber Cruz y Freddy Fernández, parecen no tener idea en el sentido del daño que significa para la economía dominicana el hecho de afectar el clima de negocios. Las medidas restrictivas que denuncian los empresarios resultan jurídicamente improcedentes en la actual coyuntura que vive el mundo.

Hay que tomar en cuenta que la denunciada suspensión de los permisos para las importaciones de cortes de res y cerdo, así como pollo entero, pechugas, muslos, alas, contramuslos supone una violación, no sólo a los compromisos asumidos por el país ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino también a los términos acordaos en el Trato de Libre Comercio DR-CAFTA.

Indudablemente que impacta negativamente en la institucionalidad del país, la libre empresa y las relaciones comerciales con los países que suscriben el DR-CAFTA, sobre todo el caso de los Estados Unidos, que recibe casi el 55 % de nuestras exportaciones y desde donde proviene el 40 % de los extranjeros que visitan nuestras tierras”.

El ordenamiento jurídico es claro cuando otorga a los tratados bilaterales y multilaterales una jerarquía constitucional, por lo cual la adhesión de República Dominicana a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), al DR-CAFTA, entre otros acuerdos comerciales, les da un rango de aplicación que va por encima de las leyes ordinarias, los decretos, reglamentos y resoluciones.

La realidad es que en el hipotético caso de que no se rectifique su decisión, esto generará efectos graves para la seguridad jurídica en el país, al aplicar restricciones comerciales que carecen de fundamento legal y que contravienen compromisos internacionales válidamente asumidos.

Además, pondría en riesgo las relaciones bilaterales con el principal socio comercial de la República Dominicana, los Estados Unidos de América, abriendo la posibilidad de que dicho país active los mecanismos de solución de controversias previstos en el DR-CAFTA, con consecuencias económicas y diplomáticas perjudiciales para nuestro país.
El presidente Luis Abinader debería intervenir para el freno de esta mala práctica estatal.