SANTO DOMINGO.- Agroproductores de Nizao, Don Gregorio, Catalina, Sabana Uvero y Santana reclamaron 6 millones de dólares por los daños que alegadamente Punta Catalina ha causado a sus cultivos.
Informaron que la producción en veinticinco especies o rubros de cultivos han registrado una merma de más de 50% en las 2,781.5 tareas en las que laboran cercanas a la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Estos cultivos o rubros son pepinos, tomates, ajíes, lechosa, sandía, chinola, aguacate, berenjena, molondrones, batata, plátanos, guineos, rulos, yuca, habichuela, maíz, mangos, especialmente los destinados a exportación, entre otros.
Significaron que algunos de estos rubros ya no se dan cuando antes de que Punta Catalina iniciara las operaciones en el 2019, tenían una alta productividad y excelente calidad.
Atribuyen esta merma en la productividad y en la calidad de estos cultivos a las emisiones aéreas de gases ácidos y de metales pesados de las dos plantas de carbón de Punta Catalina, al vertido de aguas residuales de estas plantas y a las cenizas de carbón tóxicas depositadas en el batey San José, en el distrito municipal de Catalina.
Narraron que en la actualidad existen alrededor de 800 mil toneladas de cenizas tóxicas distribuidas en cuatro grandes lomas, una de ella cubierta con una membrana plástica, tierra y material orgánico.
Explicaron que los suelos expuestos por estas cenizas son de naturaleza calcárea y estas cenizas con gran cantidad de cal son alcalinas, por lo que elevan el pH del suelo modificando la fisiología de la nutrición de los cultivos, lo que afecta la productividad de éstos.
Recordaron que el estudio que realizó la Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte, EUA, a principios de 2021, sobre estas cenizas determinó que poseen niveles elevados de metales pesados como Boro, Bario, Talio, Molibdeno, Arsénico, Selenio, Litio, Plomo, Rubildio, Estroncio y Calcio, todas sustancias tóxicas que representan altos riesgos al ambiente, a la producción agropecuaria y a la salud humana.
Señalaron que estas grandes lomas de cenizas tóxicas están situadas a muy pocos metros de distancia del río Catalina y del arroyo Pastor o Naranjo que son las fuentes de agua que irrigan la zona de cultivo.
Demandas
Para paliar la contaminación, los agricultores exigen ajustar las emisiones aéreas de las plantas de carbón de Punta Catalina a las normas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y de la Unión Europea. Con la aplicación de estas normas, las emisiones aéreas de Punta Catalina descenderían a mucho más de la mitad.
También plantearon trasladar fuera del país las cenizas de Punta Catalina, tanto las existentes como las que seguirán produciéndose en el futuro, y habilitar los terrenos ocupados por estas cenizas.
Igualmente, exigen que se aplique a estos cultivos la indemnización establecida en el contrato de arrendamiento Enfiteusis entre la Compañía Anónima de Empresas Industriales, S.A., CAEI, y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, de US$36,375.00 por hectáreas de caña orgánica afectada, en un radio de 5 kilómetros de Punta Catalina.
“Si la contaminación de Punta Catalina dañó la caña orgánica, de igual forma afectó a los demás cultivos que existen en esa zona, por lo que es justo y de derecho que a los demás cultivos se les aplique la indemnización que recibieron los propietarios de esta caña de azúcar”, razonaron.
Expusieron que si se aplica la indemnización de US$36,375.00 por hectárea a las 2,781.5 tareas también afectadas por la contaminación de Punta Catalina en la zona que equivalen a 174.94 hectáreas (15.9 tareas es igual a 1 hectárea), el saldo total es de 6 millones, 363 mil 442.50 dólares.
Mesa de Diálogo y Concertación
Los agricultores manifestaron que a pesar de que el Estado dominicano se comprometió con la Organización de Naciones Unidas, ONU, a establecer una mesa de diálogo y concertación entre Punta Catalina y los afectados por la contaminación de esta central, este compromiso no se ha concretado.
Indicaron que en el pasado mes de noviembre estuvo en el país la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, que constató los daños causados por Punta Catalina a los diferentes sectores de la provincia Peravia, y comprobó la resistencia de la empresa y de las autoridades a establecer la mesa de diálogo y concertación acordada en septiembre del año pasado con la ONU.
“Por el contrario, la administración de Punta Catalina continúa negando los daños que nos ha causado y se niega a sentarse a discutir la mitigación de la contaminación, la reposición de los daños y la indemnización a los afectados”, observaron.
Afirmaron que por esta intransigencia de Punta Catalina y del Gobierno de negar lo que por otra parte han reconocido y pagado a otros, obliga a los agricultores a recurrir a la opinión pública y a la movilización para hacer valer sus derechos.