Santo Domingo. – República Dominicana atraviesa un proceso progresivo de envejecimiento poblacional, marcado por la disminución de la natalidad y el aumento de las personas adultas mayores, una realidad que plantea nuevos desafíos para las políticas públicas y los servicios destinados a garantizar su bienestar y calidad de vida.
Para 2026, la población de 65 años y más se estima, de manera orientativa, en alrededor de un millón de personas, mientras que las proyecciones apuntan a que esta cifra alcanzará aproximadamente 1.2 millones en 2030.
Este cambio demográfico requiere adecuar los servicios de salud, la protección social y las iniciativas comunitarias dirigidas a las personas mayores, tomando en cuenta sus necesidades de atención, cuidado y acompañamiento.
A esta transformación se suma el cambio que experimentan las familias dominicanas, particularmente por la migración hacia el exterior y hacia los principales centros urbanos del país. La separación de los integrantes de una familia puede dejar a las personas mayores con una presencia limitada de hijos y otros familiares para su acompañamiento cotidiano.
Aunque las remesas constituyen un importante apoyo económico, estas no resuelven por sí solas las necesidades de cuidado, convivencia y atención que pueden surgir ante una enfermedad o la pérdida de autonomía.
Esta situación también ha sido identificada en la provincia Hermanas Mirabal, donde la migración de la población joven forma parte de los problemas que han orientado iniciativas de acompañamiento a las personas mayores.
Dependencia económica
Las limitaciones de la protección social representan otro de los desafíos para esta población, especialmente en lo relacionado con el acceso a una pensión y la disponibilidad de ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas.
Según datos correspondientes a 2022, un 49 % de las personas de 65 años y más dependía completamente de los ingresos de otros integrantes de su hogar.
La dependencia económica, combinada con la dispersión de las familias, puede aumentar la vulnerabilidad de las personas mayores, particularmente cuando necesitan medicamentos, transporte y asistencia de manera permanente.
Fortalecer los servicios de salud
En materia sanitaria, se plantea la necesidad de fortalecer una atención que responda a las condiciones propias de esta etapa de la vida.
El seguimiento de las enfermedades crónicas, la rehabilitación, la atención a la salud mental y las visitas domiciliarias requieren continuidad y una mayor coordinación entre los servicios de salud y las familias.
La disponibilidad de un seguro de salud también debe estar acompañada de condiciones efectivas para acceder a los servicios, especialmente en el caso de quienes tienen dificultades de movilidad o no cuentan con una persona que pueda acompañarlos.
Recreación y participación comunitaria
Además de la atención médica y la protección social, se requiere una mayor promoción de la recreación y de hábitos de vida saludables entre las personas adultas mayores.
Las actividades físicas adaptadas, los encuentros entre personas mayores, la participación cultural y los espacios de aprendizaje deben tener una presencia regular en las comunidades.
Estas acciones pueden contribuir a mantener la autonomía, fortalecer las relaciones sociales y generar oportunidades de participación, reconociendo a las personas mayores como parte activa de la vida comunitaria.
Centros de atención integral
Ante este escenario, se plantea establecer y fortalecer centros de atención integral para adultos mayores, tomando como referencia la Casa de la Tercera Edad de Salcedo y la Casa Comunitaria de Tenares.
Ambas iniciativas ofrecen experiencias de atención diurna y de coordinación con instituciones públicas y organizaciones locales, sobre las cuales se puede desarrollar una respuesta más amplia que vincule el cuidado de la salud con la alimentación, la convivencia y las actividades recreativas.
La atención requiere, además, articular la participación de las instituciones de salud y protección social, los ayuntamientos, las organizaciones comunitarias y las familias.
Los servicios ofrecidos desde estos centros deben complementarse con el acompañamiento domiciliario de las personas que no pueden trasladarse y con apoyo para quienes desempeñan labores de cuidado.
De esta manera, la atención a la población adulta mayor puede integrarse a los procesos de desarrollo local, con acciones que permitan dar continuidad a los servicios y contribuir a mejorar las condiciones de vida de este segmento de la población.