Un requisito para ofertar alimentos al INABIE es que las cocinas usen utensilios de acero inoxidable, pero muchas no cumplen.
El mejor ejemplo de que la Ley 340-06 sobre Compras y Contratraciones no ha llenado del todo las expectativas para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos por parte de las instituciones del Estado, son las modificaciones hechas durante la pandemia de la Covid-19.
Las mismas pusieron en evidencia que no se tomó en cuenta situaciones de emergencias sanitarias o de otras índoles como son los casos de fenómenos naturales que puedan azotar el país e impliquen la adquisición de insumos y materiales de urgencia.
Cambios
Esa situación obligó a incorporar un numeral 5 al artículo 6 de la Ley No. 340-06, del 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, con la siguiente exclusión a la aplicación de dicha ley.
“5) Vacunas en caso de pandemia, peligro de epidemia o epidemia declarada, para su tratamiento y erradicación, en el marco de un Estado de Excepción en su modalidad de Estado de Emergencia, conforme a la ley”.
El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica el artículo 6. Ante las fallas demostradas con los diferentes casos de corrupción, la nueva gestión que encabeza Carlos Pimentel sometió un anteproyecto para contrarrestar los vicios de la actual ordenanza.
Anteproyecto
El director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, reconoció que ciertamente en la actual Ley 340-06 en los procesos se dan conflictos de intereses, que pueden beneficiar a oferentes. Aseguró que la actual legislación en su artículo 14 tiene alguna regulación muy débil. Ese articulado señala cuales son las personas que no pueden ser proveedores del Estado. Pimentel especificó que esa debilidad la han fortalecido mediante el Anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas que recién sometieron al Congreso Nacional, además de que en el país está pendiente una normativa que regule los conflictos de intereses; los procesos donde se debe prestar niveles de atención.
Dijo que los pliegos deben estar alineados y acorde con las disposiciones normativas, porque muchas veces existe una modalidad de construir pliegos de condiciones dirigidos específicamente a proveedores que cumplan con esos requisitos.
Puso de ejemplo, que una institución que quiera contratar “unos servicios vamos a decir de un profesional que sea agrónomo, preferiblemente de Santiago, municipio de Navarrete y que viva en la calle tal, en este caso esta estableciendo unos criterios, que sin decirlo, estás dando un nombre”.
Pimentel dijo que han inhabilitado unos 35 proveedores por faltas graves. Además de 260 proveedores que sus accionistas, poseen más de 10% de las acciones, son funcionarios o ex funcionarios que están en el régimen de incompatibilidad, por lo que le han suspendido sus registros. Explicó que en la recepción de las ofertas técnicas y económicas, el rol que juegan los peritos y el comité de compras son muy importante, porque la responsabilidad debe ser descentralizada para coordinar y gestionar los procesos es de cada entidad. De ahí, que Pimentel sostiene que cada institución es responsable de su proceso, de lo bueno, lo malo, de lo legal o ilegal, de su éxito y de su fracaso.
“El órgano rector (la Dirección) lo que debe trazar las políticas las normas garantizan la resolución de controversias y conflictos cuando surjan y los mecanismos preventivos que se puedan adoptar, ese es el rol del órgano rector y ese rol de las instituciones”, resaltó Pimentel.
Irregularidades
Carmelina Sánchez Castillo, oferente del Programa de Alimentos Escolares, en Villa González dijo que la falta de transparencia que a través del Instituto de Bienestar Estudiantil a partir del 2017 cuando iniciaron las licitaciones.
“Habíamos siete oferentes, pero se reducían a tres, era el caso de una familia el entonces candidato a síndico y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que violando la Ley 340-06, montó diferentes cocinas, una de estas era de su esposa, asalariada como psicóloga en el hospital de Villa González”, reveló Sánchez Castillo.
El ingeniero Antonio García, quien construye carreteras y elevados, y ha sido suplidor del Estado desde hace 26 años, manifestó que las irregularidades en el sector construcción están siempre, que hay muchas obras que no exigen sin licitadas y por ende son entregadas a contratistas directamente.
Destacó que en los procesos en los que ha estado ha visto transparencia. Explicó además que en el sector construcción en ocasiones hay nuevos ingenieros que no tienen idea de los costos ocultos de construcción, no los contemplan o los sobre valúan y por ende no son considerados en una licitación por presupuesto.
Transparencia debe ser compromiso
Babaji Cruz, experto en Compras y Contrataciones.
Compromiso Para el experto en Compras y Contrataciones y abogado, Babaji Cruz, la corrupción no es unilateral y se materializa porque existen dos personas que se ponen de acuerdo, y es allí donde los proveedores entran. Las instituciones por sí solas no pueden ser corruptas ni viceversa. Aboga por controles adicionales para evitar que suceda, más allá de «combatirla», como es la aplicación de técnicas de “Compliance”, así como la debida diligencia a proveedores para que las instituciones sepan con quiénes hacen negocio.
Plantea que a proveedores y contratistas se les exija estándares mínimos de gestión de riesgos en las que se evidencie un compromiso con la cultura de un buen gobierno corporativo, de integridad y transparencia.
“No solo son las instituciones que deben exhibir estos altos estándares, soy de opinión que los proveedores también, porque la administración pública tiene que ser buena y ética, igual sus oferentes”, cita Cruz.
El abogado apela a la aplicación de sanciones a los servidores públicos sin que dependa de la voluntad de la máxima autoridad de una institución. Empero, reconoció que no todo es malo con la ley. Alega que su aplicación se ha fortalecido con el Portal Transaccional, que da pie a la posibilidad de «incumplir» una disposición normativa.
