Santo Domingo.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) solicitó este domingo al Congreso Nacional que dé los pasos institucionales que permitan a la Cámara de Diputados, conforme a las disposiciones del artículo 83 de la Constitución, iniciar las investigaciones tendentes a someter ante el Senado de la República al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán.
La entidad de la sociedad civil, dirigida por Julio César de la Rosa, dice que el artículo 80 de la Constitución permite tal enjuiciamiento contra Germán Mejía, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, como la de supuestamente conminar al juez consejero Francisco Arias Valera a dimitir un delito, cuando su responsabilidad como presidente del Consejo del Poder Judicial fue la de someterlo a juicio disciplinario y posteriormente a la Justicia ordinaria.
“El artículo 80 de la constitución reza: atribuciones.- Son atribuciones exclusivas del Senado: 1) Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de diez años. La persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de las dos terceras partes de la matrícula; a juicio de la entidad de la sociedad civil, constituye una falta grave el hecho de conocer la comisión de actos graves por parte de sus subordinados y no proceder en consecuencias, poniendo en peligro la institucionalidad del Poder Judicial, por el cual su presidente debía velar celosamente y no lo hizo”, señala la entidad.
El coordinador general de Adocco, señaló que convocará a la ciudadanía a la realización de cadenas humanas frente a la Suprema Corte de Justicia y frente al Congreso Nacional a fin de llamar la atención primero de la Cámara de Diputados, “que es a quien le corresponde iniciar las investigaciones de las faltas graves cometidas por el presidente del Consejo y de la Suprema respetivamente y proceda de inmediato a someter ante el Senado de la República a juicio político, al tiempo de establecer que la falta de gerencia, vigilancia, supervisión y fiscalización, ha provocado que en la judicatura nacional se hayan instaurados carteles mafiosos que operan con el contubernio de jueces, fiscales y abogados, lo que no es solo en la jurisdicción del Distrito Nacional donde se ha producido el escándalo, sino que es más grave lo que viene ocurriendo desde hace tiempo en los distritos judiciales de Santiago, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Puerto Plata y otros, de los que Mariano German ha recibido querellas, sin que hasta la fecha haya hecho nada”.
Adocco expresó que lo que se ha conocido hasta estos momentos, a través de Participación Ciudadana, cuya protagonista es la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré quien habría recibido dinero para variar la medida de coerción al regidor por Pedro Brand, Ericsson de los Santos Solís, acusado de encabezar una banda de sicariato; así como disponer de la devolución de un avión incautado por la Fiscalía del Distrito Nacional, a uno de los ejecutivo del Banco Peravia, como también haber procedido la misma jueza a la devolución de 20 millones de dólares a la empresa constructora de la Torre Atiemar, vinculada a Arturo del Tiempo, para los cuales había, supuestamente obtemperado a instrucciones superiores, lo que al momento no se ha podido comprobar y es precisamente la tarea que deberá realizar la Cámara de Diputados que para la ocasión de juicio político operaria como fiscal de la querella.
