Cuando se habla de adecuar nuestro sistema de pensiones contributivas, se nos olvida que cerca el 56 % del mercado laboral del país es informal y por lo tanto se encuentran al margen del sistema.
Y más aun, de los 3.5 millones afiliados, apenas la mitad, 1.7 millones, son cotizantes, lo que constituye una muy baja tasa de densidad. He ahí el primer gran reto.
Por suerte, el cúmulo de experiencias internacionales, incluyendo el propio desempeño fiscal de nuestro país, han mostrado reiterativamente que la eliminación del régimen contributivo y regreso a un sistema de reparto es inviable, idea esta que solo existe en mentes obnubiladas por sus pasiones políticas.
El segundo reto radica en la carpintería del diseño de nuestro sistema, donde las aportaciones de ese 25 % de la población laboral cubierta en algún grado, es de apenas el 8% de su salario (la mayor parte aportada por el empleador), cuando es imposible hablar de una pensión digna con aportes por debajo de un mínimo del 12%.
En adición y vista la longevidad del hombre moderno, no hay por qué seguir pensando en una vida laboral por debajo de los 30 años, que si fuese igual al periodo de aportaciones para las pensiones, resultaría en una pensión mucho más aceptable.
Las quejas de algunos sectores de que hay que reformar el sistema de compensaciones de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) tiene acogida en dicho sector, el cual solo reclama que para su modificación se preserve la seguridad jurídica necesaria, como lo es para cualquier otra inversión.
Adecuar pensiones significa no solo la presencia mediática que se ha realizado en los últimos meses, sino sentarse y afrontar la necesidad de que se puedan producir más y mejores pensiones. Para ello no hay fórmulas mágicas ni milagros; es asunto de voluntad social y política.