El oficialismo y la oposición, en esta oportunidad acompañados por una serie de organizaciones sociales y empresariales, tienen la obligación de ponerse a la altura de la madurez demostrada por la población.
Ambos grupos están mostrando una cuestionable actitud de que se hacen las cosas como ellos lo plantean o se rompe la baraja.
Así lo hemos visto, por ejemplo, en los diálogos del sector salud. Esto mismo lo podemos aplicar a cualquier otro ámbito.
El oficialismo no tiene el derecho de imponer su voluntad a nombre de una mayoría alcanzada en un proceso electoral, pues una parte del país (aunque sea minoritaria) votó por otras ofertas.
La oposición tampoco tiene el derecho de querer imponer sus puntos de vista, pues una mayoría de los votantes prefirió otras opciones.
Las organizaciones de la sociedad civil deben actuar con cautela para no desnaturalizar el rol social que les corresponde jugar.
El pueblo dominicano no merece que le sea creada una crisis fruto de los desaciertos, malquerencias o egos de los representantes de los polos previamente señalados.
La nuestra es una sociedad dialogante, aunque en ocasiones carezca de líderes que exhiban esas características.
Nuestras instituciones de hoy, en sentido general, son mejores que las de ayer, pero todavía falta mucho para llegar a donde aspiramos.
Estamos seguros que esos sentimientos inspiran al oficialismo, la oposición, a los gremios y a organizaciones sociales, por tanto ambos tienen el compromiso de actuar con sensatez.
