SANTO DOMINGO.- Los actores del sistema de justicia se esfuerzan por mejorar la eficiencia y la transparencia bajo un enfoque centrado en las personas dentro del proceso penal, con el objetivo de garantizar la dignidad y promover una justicia más inclusiva, especialmente para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
A través de la Mesa de Coordinación Interinstitucional, integrada por el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina; la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso; el director de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, entre otros, se han abordado diversos temas prioritarios y los desafíos que aún persisten.
Entre las prioridades destacadas se encuentran: El aumento progresivo de los casos penales resueltos por acuerdos; la reducción de la prisión preventiva por falta de acusación dentro del plazo establecido; la liberación oportuna de los privados de libertad que han cumplido su pena; la atención médica y judicial adecuada a los internos con enfermedades graves.
Asimismo, destacan iniciativas como la mejora en la eficiencia durante la etapa de apelaciones, la interoperabilidad de los sistemas interinstitucionales, la optimización de la gestión de casos de alto impacto, y la mejora en la comunicación interinstitucional. Además, se prioriza la gestión conjunta de indicadores y el sistema de compensación variable por desempeño en la administración de justicia.
También los actores del sistema de justicia establecen la integración con otras entidades clave del sistema de justicia penal, lo que ha permitido la formalización de acuerdos interinstitucionales de colaboración, los cuales facilitan la coordinación de acciones conjuntas para implementar iniciativas específicas y garantizar la sostenibilidad de estas prioridades a largo plazo.
Incremento en los acuerdos penales y otras medidas
En relación con el aumento de casos penales resueltos por acuerdos, entre enero y septiembre de 2025 se formalizaron 2,346 acuerdos, lo que representa un incremento del 32.70% en comparación con el mismo período de 2024, cuando se registraron 1,768 acuerdos. Este porcentaje de acuerdos frente a la entrada de medidas de coerción y anticipo de pruebas pasó del 7.09% al 8.58%.
A septiembre de 2025, se resolvieron 10,436 casos mediante salidas alternas, lo que representa el 38.50% del total de casos ingresados, lo que demuestra un avance significativo en la adopción de medidas menos punitivas y más inclusivas.
Atención a privados de libertad y mejoras en la salud
En cuanto a la atención a los privados de libertad con enfermedades graves o terminales, más de 813 internos recibieron atención médica especializada y se mejoraron sus condiciones de salud con la provisión de medicamentos y la habilitación de áreas especializadas en salud mental.
Por otro lado, más de 3,734 internas fueron atendidas en operativos médicos que incluyeron cirugías, consultas psicológicas y psiquiátricas, mejorando su bienestar general y ofreciendo tratamiento adecuado a quienes lo necesitaban.
Fortalecimiento de la trazabilidad y la colaboración interinstitucional
Para consolidar los avances en estos temas prioritarios durante 2025, se realizó un catastro penitenciario que consistió en la elaboración de protocolos internos e interinstitucionales para el intercambio de información operativa entre el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de Defensa Pública. Esto ha fortalecido la trazabilidad de los casos y la gestión conjunta de los mismos, optimizando los recursos y mejorando la eficiencia del sistema.
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