Santo Domingo.- Por considerar que las medidas migratorias impulsadas por el Gobierno dominicano conducen a un estado de injusticia y alimentan un drama que también afecta a migrantes dominicanos en Estados Unidos y Puerto Rico, un grupo de profesionales y activistas rechazó dichas disposiciones, en particular las deportaciones de mujeres embarazadas en labores de parto, niños y personas envejecientes.
Aunque reconocen el derecho del país a establecer su política migratoria, las sociólogas y escritoras Chiqui Vicioso, Laura Faxas y Mary Cantisano; la exdiputada Guadalupe Valdez; y las educadoras Isabel Tejada, Xiomara Peralta, María Hortensia de la Cruz y Maribel Contreras (quien estuvo ausente), exigieron el estricto respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales durante los procesos de repatriación, sin discriminación racial.
Entre sus demandas se encuentra el cese del acoso hospitalario a parturientas, la regularización de trabajadores migrantes indocumentados integrados en la economía mediante permisos laborales, y que los empresarios asuman la responsabilidad de legalizar a sus empleados migrantes, bajo sanciones claras en caso de incumplimiento.
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“Dominicanas ante el horror de la Patria”
En un documento titulado “Dominicanas ante el horror de la Patria, por los derechos humanos, la Constitución y la dignidad”, las firmantes advierten que el país atraviesa una grave tensión social, marcada por un discurso de odio y rechazo al “otro”, profundamente deshumanizante y discriminatorio.
Aseguran que este clima fractura el tejido social y erosiona los cimientos de la democracia, expresándose especialmente en el trato a inmigrantes de piel negra, particularmente haitianos y ciudadanos del Caribe inglés.
Asimismo, reclamaron que la Junta Central Electoral y la Dirección General de Migración permitan la renovación de documentos a quienes ya están en proceso, y que toda deportación respete el debido proceso, la dignidad humana y los estándares internacionales de derechos humanos.
Denuncia de discriminación
“Las agresiones contra mujeres haitianas parturientas son atroces. Estos actos de deshumanización flagrante violan derechos fundamentales y mancillan la dignidad nacional.
Como mujeres y madres, compartimos la angustia de nuestra poeta nacional cuando exclamó: ‘Yo vi a tus propios hijos uncirte al féretro yugo, haciéndote instrumento de su venganza cruel… y luego los miraste proscritos, errabundos por playas extranjeras llorosas divagar’”, expresó Chiqui Vicioso, al denunciar que el discurso migratorio penaliza especialmente a los migrantes negros.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Colegio Médico Dominicano (CMD), las activistas recordaron que la Constitución Dominicana en sus artículos 7, 38 y 55, acápite 5, así como los convenios internacionales ratificados por el país, establecen el deber de proteger a todas las personas frente a cualquier forma de discriminación racial.
Doble moral y trabajo migrante
Señalaron que por más de tres décadas, tras el declive de la industria azucarera, miles de trabajadores haitianos y colonos, en su mayoría indocumentados, han sido integrados con anuencia estatal y empresarial a sectores como la agricultura, la construcción, el servicio doméstico, el turismo y el comercio informal, garantizando así mano de obra barata mediante contratos informales tolerados.
“No se puede tener una doble moral”, subrayaron.
“Hoy, en vez de abordar esta realidad estructural con seriedad, se opta por repatriaciones masivas, acoso hospitalario a parturientas, construcción de un muro fronterizo y cancelación de permisos de trabajo”, denunció nuevamente Vicioso.
Crisis humanitaria y nacionalidad
En ese sentido, plantearon que debido a la crisis humanitaria y de violencia armada que atraviesa Haití, quienes huyen deben ser tratados como refugiados, conforme al derecho internacional.
También reiteraron que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que despojó retroactivamente de la nacionalidad dominicana a más de 200 mil personas nacidas en el país bajo el principio del ius solis, constituye una grave violación a los derechos humanos.
Por ello, abogaron por reabrir el debate para establecer mecanismos efectivos de implementación de la Ley 169-14 de Naturalización, con el fin de corregir los vacíos que aún afectan a miles de personas en condición de apatridia.
Finalmente, las activistas hicieron un llamado a la solidaridad para proteger no solo a los haitianos y caribeños, sino también a migrantes venezolanos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, nicaragüenses, cubanos, guatemaltecos y de otras nacionalidades víctimas de políticas deshumanizantes.
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