Acerca de la creación de un sistema nacional de movilidad escolar

Acerca de la creación de un sistema nacional de movilidad escolar

Acerca de la creación de un sistema nacional de movilidad escolar

Carlos Rodríguez

A quienes se preguntan de dónde saldrá el dinero para adquirir los vehículos (autobuses) que darán soporte al transporte escolar conviene informarles que el dinero para darle sostenibilidad financiera a ese sistema está incluido en lo que se debe presupuestar cada año como parte del 4% del Producto Interno Bruto para la Educación que entró en vigencia desde 2013.

De manera que no es «¿de dónde saldrán los recursos?» sino «¿en qué se han gastado y qué se ha estado haciendo con esos recursos durante los 12 años que llevan sin ejecutarse?» lo que debieron preguntar desde ayer los periodistas y opinadores, a raíz del anuncio del gobierno dominicano del decreto 616-22, que establece el Sistema Nacional de Movilidad Escolar para garantizar sin costo directo de bolsillo el transporte de ida y vuelta a la escuela a unos 2 millones de estudiantes del sistema público de básica y regular.

Ese decreto fue precedido por una resolución (la 003-22) emitida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para normalizar lo que será el Sistema Nacional de Movilidad Escolar del Estado.

Además, sería de gran interés informar que, conforme a discusiones que se efectúan entre el gobierno y empresarios del transporte privado, viejos y nuevos, los autobuses no vendrían al país comprados por el gobierno ni recibirían mantenimiento a cargo del Ministerio de Educación sino de manos de los empresarios que los importarían con el aval y garantía crediticia del estado dominicano.

Sería, eso sí, una especie de reedición del Plan Renove, ¿recuerdan?, sólo que ojalá la historia no sea igual, financiado con recursos provenientes del 4% para la Educación. Por tanto, el pago a los bancos, concesionarios o importadores de los autobuses se lo debitaría o reduciría cada mes el Ministerio de Educación a los transportistas del monto por prestar los servicios contratados  para cubrir las rutas a las escuelas.

Así las cosas, se trata de una política pública correcta, en tanto es una decisión de inversión y protección social que beneficia a miles de familias pobres; y que no sólo representa una gran inversión social como subsidio focalizado sino que además ofrece una buena oportunidad de negocio y de desarrollo empresarial.

¡Ahora bien! Lo más importante sería la regulación, vigilancia y control sobre el sistema que ejercería el Estado a través del propio Intrant, de algún ente del propio Ministerio de Educación, que se traduciría en las vigilancia, seguridad vial, control de calidad y regia prevención de accidentes de tránsito históricamente provocados por la tradicional temeridad e imprudencia que han caracterizado a muchos «conductores» con escaso o ningún entrenamiento ni capacitación.

Todo lo anterior equivale a decir que para aplicar como chofer para el transporte de escolares se reputa imprescindible que el solicitante se someta en esencia a un riguroso proceso de evaluación y seguimiento conductual, sicológico, así como al regio entrenamiento y capacitación permanente con evaluación periódica en materia de seguridad vial como trabajador  del nuevo sistema de transporte público.



Carlos Rodríguez

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