Un bien hecho no sería suficiente ante el caso que movió al pleno de la Suprema Corte de Justicia para proceder a la cancelación de un juez perdonavidas de La Altagracia, que se atribuía privilegios por encima de la ley.
En resumen, el juez de marras terminó en la calle porque usó su puesto para favorecer a condenados, algunos vinculados a delitos de narcotráfico y otros a homicidios y que implicaban prisión por varios años.
Dicho de otra forma, se trataba de un juez que hacía favores y que de alguna manera redundaba en un desborde de generosidad en su beneficio. Entre esos favores estaba variar medidas de coerción de prisión preventiva por la presentación de garantías económicas, pago de fianzas y libertad condicional a personas acusadas de narcotráfico.
Este caso no se puede ver sin las implicaciones que tiene. Aislado, fuera de la realidad que vivimos en la República Dominicana en el combate contra la corrupción y el narcotráfico. Se trata de un juez con principios torcidos, que en vez de ser vehículo para que caiga el peso de la ley sobre los delincuentes hacía negocios con la Justicia.
A ese juez, que antes de llegar al cargo era abogado y probablemente lo seguirá siendo- solo se le sanciona con la separación del cargo, se destituye, se aparta de la función. ¿No pasará de ahí? ¿Puede, de acuerdo a la gravedad de su caso, ser pasible de otras sanciones? ¿Tráfico de influencia? ¿Abuso de poder? ¿Alteración de documentos legales? En fin, la decisión de destituirlo luce graciosa y complaciente, no tiene todo el rigor y peso del castigo que merece.
