Denuncian que agente policial roció gas pimienta en colmado de La Romana sin mediar palabras
- Propietarios del comercio dicen que fueron rociados con gas pimienta mientras el lugar se encontraba con sus puertas cerradas
LA ROMANA.- Propietarios del colmado "Super Bodega El Zorro", ubicada en La Romana, denunciaron que fueron rociados injustificadamente con gas pimienta por un agente de la Policía Nacional mientras el establecimiento se encontraba parcialmente cerrado.
De acuerdo con los denunciantes, identificados como Wilkin Mejía y Belsi Olivero, el supuesto abuso policial ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada del pasado viernes, mientras ambos se encontraban en el interior del local comercial.
Según el relato, el agente “quien no se ha identificado hasta el momento” procedió a rociar el aerosol sin mediar palabra hacia el interior del negocio, a pesar de que este mantenía sus puertas principales cerradas.
La acción del uniformado, quien se marchó del lugar sin ofrecer explicaciones, provocó en los propietarios fuertes malestares, incluyendo dificultad para respirar, tos intensa, irritación cutánea y ardor ocular, efectos característicos del químico.
El incidente, ocurrido en la calle Pedro A. Lluveres, casi esquina Duarte, quedó registrado por las cámaras de vigilancia internas y externas del establecimiento.
Hasta el momento, los afectados aseguran no haber recibido respuestas ni asistencia por parte de las autoridades ante los daños físicos y el atropello sufrido.
Sobre el accionar policial
Este tipo de proceder contraviene los principios fundamentales establecidos en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional.
Dicha normativa establece en su artículo 5 que los agentes deben actuar bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad humana.
Específicamente, el uso de la fuerza debe ser el último recurso, aplicándose siempre de manera gradual, necesaria y bajo estricta observancia de los derechos humanos.
Una agresión injustificada contra ciudadanos que se encuentran en un local privado, sin que medie una situación que amerite una intervención coercitiva, constituye una violación al protocolo de actuación policial que obliga a sus miembros a proteger la integridad física y la propiedad de los ciudadanos, no a vulnerarlas.
